Representantes de diversas agrupaciones de la Amazonía peruana se pronuncian enérgicamente contra un sistema fallido que ha facilitado y respaldado la minería ilegal en sus territorios.
Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, gravemente afectadas por la minería ilegal del oro, han exigido el cierre inmediato del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A pesar de haber estado en funcionamiento por más de 20 años, el Reinfo no ha demostrado efectividad en su propósito; por el contrario, ha facilitado el avance de la minería ilegal.
Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), afirmó en una entrevista que el Reinfo ha abierto las puertas a la minería ilegal, perpetuando así la explotación y los daños en sus territorios.
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“Las actividades mineras inevitablemente van a contaminar por el uso del mercurio. El Estado lo que está haciendo aquí es abrir las puertas, a través del Reinfo, para que toda la actividad del territorio indígena sea de minería ilegal, en lugar de proponer actividades alternativas a la minería”, comentó
En el tercer encuentro entre Aidesep y las Autonomías Territoriales, se destacó que las regiones amazónicas tienen registradas 11,023 inscripciones en proceso de formalización minera. Madre de Dios se posiciona como la región con el mayor número de solicitudes, concentrando aproximadamente el 84% de los mineros que buscan incorporarse al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta situación resalta la urgencia de abordar la problemática de la minería ilegal y sus implicaciones en el medio ambiente y en las comunidades locales.
Se evidencia no solo porque 8 de cada 10 inscritos están suspendidos por no cumplir con la normativa, sino también porque 4 de los 5 requisitos necesarios para la formalización han sido incumplidos en más del 97% de los casos. Esto incluye situaciones en las que solo se requiere presentar una declaración jurada. Actualmente, más de 84,529 mineros informales operan en la Amazonía peruana, de los cuales 64,255 han sido suspendidos del proceso de formalización.
