Por: Luciano Revoredo
Una de las últimas medidas que tomó el encargado de la presidencia Francisco Sagasti, de tan funesta recordación, fue firmar el Decreto de Urgencia N.º 067-2021, el día 19 de julio, cuando todos estábamos más preocupados con el ascenso al poder del neosenderismo.
El mencionado decreto tenía por finalidad autorizar que se dé un apoyo económico excepcional a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre y entre el 1 y 3 de diciembre de 2020.
Según el decreto en cuestión las protestas entre el 10 y 14 de noviembre y entre el 1 y 3 de diciembre de 2020, fueron de un sector de la población, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, que llevaron a cabo una serie de movilizaciones en diversas zonas del país, con motivo de las cuales se produjo el fallecimiento de personas. Por lo que autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto de cuarenta mil soles, por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida.
Cabe recordar que las asonadas de noviembre pusieron a diversas ciudades del país en grave peligro, destruyeron la propiedad pública y privada, atentaron contra la vida, el cuerpo y la salud de las fuerzas del orden y en definitiva fueron actos de rebeldía inconstitucionales contra un gobierno legítimo, que había llegado por la vía constitucional y con más votos en el congreso que los que luego pusieron al poético y admirador de terroristas Francisco Sagasti. En estas circunstancias murieron dos prontuariados, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, de forma que aún no se determina.
Por otro lado, Jorge Muñoz Jiménez falleció el 3 de diciembre durante las protestas en Chao, en la provincia de Virú, en contra de la Ley de Promoción Agraria. En esa protesta también se atacó la propiedad pública y privada, se impidió el paso de ambulancias, se tomaron las carreteras entre otros delitos que la caviarada y Sagasti aplauden.
¿Es correcto que el Estado otorgue esos beneficios? Definitivamente no. ¿Acaso no sería más justo que se entregue apoyo económico que compense el dolor y las pérdidas irreparables de los que han fallecido de COVID debido a la pésima gestión del gobierno del corrupto Lagarto Vizcarra y su segunda fase a cargo del propio Sagasti? Obviamente que sí. En ese caso la responsabilidad y la negligencia del Estado que ha permitido indolente la muerte de más de doscientos mil peruanos está ampliamente comprobada.
Lo cierto es que todo responde a la visión perversa del mundo de los progres. Primero usan a jóvenes ignorantes y violentistas como carne de cañón. Luego usan su muerte y el dolor de sus deudos políticamente, finalmente proceden al reparto del dinero público con leyes populistas.
