El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que su gestión “contraatacará” a la empresa Brookfield -matriz de Rutas de Lima-, luego que la Municipalidad de Lima enfrentara un revés judicial en Estados Unidos, cuando la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara dos laudos arbitrales a favor de la operadora de los peajes de Puente Piedra por cerca de 200 millones de dólares.
El proceso judicial se remonta a la firma del contrato de concesión con Rutas de Lima en 2013, durante la gestión de Susana Villarán. La Municipalidad de Lima ha argumentado que dicho contrato fue producto de un acuerdo corrupto, señalando la existencia de sobornos y fraude en los procedimientos arbitrales.
“Confío que en Estados Unidos, en lo que es ya la gestión de contraataque de la Municipalidad de Lima, hemos pedido básicamente que Brookfield muestre los documentos”, afirmó el burgomaestre, refiriéndose a la empresa canadiense Brookfield, actual controladora de Rutas de Lima.
López Aliaga insistió en que el origen del conflicto radica en un acto de corrupción que involucra a una funcionaria pública y a la complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial en Perú, instituciones que han demorado casi ocho años en iniciar el juicio oral del caso Villarán.
El alcalde subrayó que la actual administración heredó un caso prácticamente perdido, ya que los laudos arbitrales desfavorables se emitieron antes de su llegada. “Los laudos, cuando yo llegué como alcalde, ya estaban perdidos. Empecemos por eso”, puntualizó López Aliaga, quien explicó que, como funcionario público, la ley peruana le exige apelar hasta la última instancia.
No obstante, recalcó que la Municipalidad de Lima ha iniciado una estrategia paralela en Estados Unidos, orientada a demostrar que la compra de Rutas de Lima por parte de Brookfield no se realizó de buena fe.
Según López Aliaga, la adquisición de la concesionaria se produjo cuando Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora brasileña, ya se encontraba preso y sentenciado a 18 años de cárcel. El alcalde sostiene que esta circunstancia debería invalidar la presunción de buena fe en la transacción, y que la Municipalidad de Lima está exigiendo a Brookfield la presentación de documentos que acrediten la legalidad de la compra.
“Estamos contraatacando en Estados Unidos, justamente pidiendo transparencia a Brookfield para que muestre documentos de quién le dio la luz verde para comprar activos a Odebrecht estando presos, sentenciados. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama lavado de activos”, declaró el alcalde.
El costo de la defensa legal internacional ha sido otro punto de controversia. López Aliaga responsabilizó a gestiones anteriores, en particular a la del exalcalde Jorge Muñoz, por la contratación de estudios de abogados que presentaban conflictos de interés.
“Dentro de la estrategia municipal anterior del señor Muñoz está contratar un estudio de abogados que era el estudio de abogados de Brookfield. ¿Entonces, cómo usted va a contratar como abogado municipal al miembro de un estudio de abogados que trabaja para Brookfield? Pues eso lo hemos cambiado ya”, enfatizó el alcalde, asegurando que la actual administración ha modificado la estrategia legal y busca mayor transparencia en la defensa de los intereses municipales.
La batalla legal no se limita a la vía arbitral. López Aliaga explicó que, en paralelo a la apelación obligatoria ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la Municipalidad de Lima ha iniciado demandas contra Brookfield y Odebrecht, esta última ya sentenciada en Estados Unidos y obligada a pagar una multa de 3.500 millones de dólares.
El objetivo de estas acciones es demostrar que la compra de Rutas de Lima no fue realizada de buena fe y que existen elementos suficientes para cuestionar la legitimidad de la transacción.
En esta línea, el alcalde también criticó la lentitud del sistema judicial peruano, señalando que la Fiscalía ha tardado casi ocho años en iniciar el proceso oral del caso Villarán. Esta demora, según López Aliaga, ha dificultado que las cortes estadounidenses reconozcan la existencia de corrupción en el contrato de concesión, ya que no existe una sentencia firme en Perú que lo acredite.
“Sin sentencia, muy difícilmente, es prácticamente improbable, imposible que alguna corte le dé la razón a la Municipalidad de Lima, no sin una sentencia que declare corrupto ese contrato que usted dice es corrupto”, reconoció.
Demandas
La batalla legal no se limita a la vía arbitral. López Aliaga explicó que, en paralelo a la apelación obligatoria ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la Municipalidad de Lima ha iniciado demandas contra Brookfield y Odebrecht.
