El ciudadano vigilante
Desde esta humilde columna, nuestro saludo a don Francisco Sagasti, nuevo Presidente Constitucional de transición del Perú, electo por el Congreso de la República en reemplazo de Manuel Merino, quien asumió la más alta magistratura de la República, también elegido por el Parlamento Nacional, que gobernó el país por el breve espacio de seis días, en reemplazo de Martín Vizcarra Cornejo, quien fue políticamente sancionado con la vacancia por incapacidad moral permanente, para no decir por corrupción.
El Perú es una democracia, que se rige por su Constitución, que establece el marco jurídico por el que se rige su Estado de Derecho, mismo que contempla la participación directa como indirecta de sus ciudadanos para que, de una manera cívica y civilizada, podamos comunicarnos, entendernos y concertar las diferentes visiones que tenemos de país.
Nuestra Constitución es clara: el poder emana del Pueblo (Artículo 45°) y Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación (Artículo 38°). El Perú no es una oclocracia (gobierno de la muchedumbre); mucho menos una anarquía.
Señaló en su momento Winston Churchill que «Muchas formas de gobierno han sido probadas y se probarán en este mundo de pecado e infortunio. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. Se ha dicho que es la peor forma de gobierno excepto todas las demás formas que han sido probadas en su oportunidad».
Guste a muchos, disguste a aquellos caviares que consideran que «Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre» -como escribió Aldous Huxley en “Un Mundo Feliz”-; el Perú es una Nación y Estado democráticos, y su sistema jurídico comprende una “Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos” que permite al Pueblo, pacíficamente, realizar los cambios que considere pertinentes para mejorar sus condiciones y calidades de vida.
Por la ignorancia sobre la Constitución y el Sistema Jurídico de la Nación, el costo de designar al ingeniero Francisco Sagasti como Presidente de la República de transición ha resultado más que caro.
Para el Presidente Sagasti, por Ley, la agenda es la misma que tocaba a Manuel Merino: 1) Llevar al Perú en paz a las elecciones generales del 11 de abril de 2011; 2) La lucha contra la pandemia y la reactivación económica del País; y, 3) Continuar la guerra contra la corrupción, caiga quien caiga.
Y siendo siempre el eje de mi trabajo la lucha contra la corrupción, en esta materia reitero lo ya indicado en mi artículo anterior.
Es de necesidad prioritaria que uno de los primeros actos del Gobierno de don Francisco Sagasti sea eliminar la publicidad del Estado en los medios de comunicación. Sabemos que en represalia la llamada “concertación de medios” y sus ayayeros lo atacarán y criticarán; que no le darán cuartel con las críticas infundadas que propalarán; pero es hora de regresar a una prensa independiente y veraz, competitiva, y dejar de lado la compraventa de líneas editoriales, que más se asemejan a una extorsión, sino soborno.
Por su lado, el Congreso debe proceder con las acusaciones constitucionales contra los fiscales supremos Zoraida Avalos y Pablo Sánchez, por el supuesto crimen de haber puesto al Ministerio Público al servicio de intereses subalternos, como serían los de las constructoras brasileras y el mismísimo Martín Vizcarra; sin dejar de lado la reivindicación de magistrados correctos, jueces y fiscales, injustamente desprestigiados como “Cuellos Blancos”; entre ellos el Fiscal don Rafael Vela Barba.
Finalmente, hay que pasar de la oratoria a la acción. Corresponde en el frente interno del “Partido Morado” deslindar su vinculación y la de algunos de sus miembros con la corrupción que hubo en la MML durante la gestión de Susana Villarán, y, es deber del Presidente Sagasti, para no empañar su mandato, que exija que se haga.
Si bien en escritos pasados hemos hecho referencias a supuestas pillerías en las que habría participado el ahora morado congresista Gino Costa, hoy toca preguntar a la periodista Zenaida Solis, también Congresista por el Partido Morado, cuál fue su participación en la corrupta ejecución de los acuerdos adoptados en la ilegal Acta-Contrato de 21 de mayo de 2011, que posteriormente se formalizaría en la “Adenda N° 1 de la Concesión Línea Amarilla” de 13 de febrero de 2013, y por la que OAS habría pagado US$7 Millones de soborno.
Hemos tomado conocimiento que existirían cuantiosos correos que vinculan a Zenaida Solis con Marisa Glave Remy, Augusto Rey Hernández de Agüero, José Miguel Castro Gamarra, Lenny Merino y otros, vinculados con la corruptela que se produjo entre enero y marzo de 2012 a los fines facilitar la transferencia de la “Concesión Línea Amarilla” del Grupo OAS a INVEPAR.
El Pueblo peruano está harto de la corrupción de su clase política y su clase empresarial; y, así lo ha manifestado en las calles en estos últimos días.
El Partido Morado no está exceptuado de la obligación de acreditar que sus miembros no están vinculados con la corrupción. La limpieza comienza por casa: ¿No es así, Señor Presidente y Señora Congresista?
Edgardo José Palomino Martínez
(*) Abogado
(*) La Dirección no se hace responsable por los artículos firmados.
