Lurín, un distrito que alguna vez fue sinónimo de expansión urbana y pujanza económica al sur de Lima, hoy se ve sumido en un clima de violencia, amenazas y miedo.

Lo que debía ser tierra fértil para el progreso y la inversión se ha convertido en un campo minado por las mafias de extorsionadores que han encontrado en el sector construcción una presa perfecta para su negocio criminal.

Empresarios, ingenieros, maestros de obra y obreros son blanco constante de intimidaciones que los obligan a pagar cupos semanales para poder continuar trabajando, o simplemente, para mantenerse con vida.

La situación ha alcanzado niveles críticos. Las obras en Lurín ya no avanzan al ritmo del cemento y el ladrillo, sino bajo el pulso del terror. En las últimas semanas, varios proyectos inmobiliarios y de infraestructura han sido paralizados, no por problemas técnicos ni económicos, sino por amenazas de muerte y exigencias de dinero por parte de organizaciones criminales que actúan con total impunidad. Los delincuentes no solo exigen que se les pague un “derecho de operación”, sino que además obligan a las constructoras a contratar personal afiliado a falsos sindicatos, que en realidad son brazos operativos del crimen organizado.

 

MODUS OPERANDI

El modus operandi es tan común como alarmante. Un grupo de hombres llega a una obra en plena ejecución. Se presentan como parte de un sindicato local y exigen la inclusión de sus “afiliados” en la nómina. Cuando la empresa se niega o se resiste, el siguiente paso es claro: amenazas directas contra los responsables del proyecto y sus familias. “O contratas a los nuestros, o ya sabes lo que pasa. Tenemos fotos de tu casa, sabemos a qué colegio va tu hijo”, relatan los trabajadores, con la voz quebrada y bajo anonimato.

El mensaje es claro: si no pagas, mueres. Y para reafirmar esa amenaza, los delincuentes acompañan sus llamadas con imágenes de balas y granadas. La brutalidad del mensaje es solo el comienzo de una rutina de terror que se repite semana a semana.

Según fuentes del propio sector construcción, actualmente operan en Lurín al menos cuatro bandas bien organizadas, todas con cobertura territorial definida y con jerarquías similares a las de los cárteles. Estas bandas se hacen pasar por sindicatos de construcción civil, pero su objetivo no tiene nada que ver con la defensa de los derechos laborales: están ahí para extorsionar, controlar y lucrar con el miedo.

 

TERROR A PLENA LUZ DEL DÍA

Uno de los casos más estremecedores fue el asesinato del dirigente de construcción civil, Edgar Henry Malma Olivares, quien fue ejecutado de dos disparos en la cabeza frente a su pequeña hija cuando la llevaba al colegio.

El crimen, ocurrido en una zona transitada de Lurín, dejó en evidencia no solo la crueldad de estos grupos, sino la total impunidad con la que operan. El mensaje fue contundente: nadie está a salvo, ni siquiera los propios representantes sindicales si no se alinean con las reglas impuestas por las mafias.

Más recientemente, un enfrentamiento entre bandas rivales en la playa San Pedro —donde participaron al menos 50 sujetos armados— desató el caos entre vecinos y bañistas. La balacera duró varios minutos y, aunque la policía llegó al lugar, los atacantes ya se habían dispersado. Este episodio dejó en claro que las mafias no solo se disputan las obras, sino también el control territorial.

 

OBRAS DETENIDAS

Las consecuencias económicas no tardaron en aparecer. Empresas constructoras han decidido retirarse del distrito, posponer proyectos o asumir altos costos en seguridad privada, todo con tal de evitar ser víctimas de extorsión.

Muchos empresarios prefieren pagar a las mafias antes que arriesgar sus vidas o las de sus empleados. Este acto de supervivencia —entendible en un país donde la protección estatal es escasa— perpetúa el círculo vicioso de violencia y corrupción.

La parálisis de obras no solo afecta a las constructoras. Decenas de trabajadores se han quedado sin empleo, proveedores pierden contratos, y el distrito, que tenía uno de los mayores crecimientos en inversiones inmobiliarias en los últimos años, comienza a estancarse. El sueño del progreso en Lurín está siendo saboteado por las armas, el chantaje y la impunidad.

 

MEDIDAS URGENTES

Frente a este panorama, empresarios y trabajadores alzan la voz y exigen una respuesta inmediata. No basta con operativos aislados o patrullaje eventual. Se necesita una intervención integral del Estado, que incluya:

Una unidad especializada de la Policía Nacional enfocada en delitos de extorsión en obras de construcción.

Inteligencia operativa que infiltre y desarticule a estas mafias desde su núcleo.

Protección efectiva a denunciantes, con programas reales de resguardo y reubicación si es necesario.

Sanciones ejemplares para autoridades que, por acción u omisión, permiten que estas mafias crezcan.

Además, se requiere una coordinación directa entre el Ministerio del Interior, los gobiernos locales y los gremios empresariales. El Estado no puede seguir ignorando el nivel de sofisticación con el que operan estas bandas. Estamos ante una amenaza estructural, que ya no es marginal ni anecdótica: es un ataque directo al desarrollo urbano, al empleo formal y al tejido social.