Edson Grover Quispe, cabecilla de una de estas bandas, permanece prófugo desde hace 3 años, en que se dictó orden de captura en su contra
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Edson Grover Quispe, condenado por invadir y usurpar terrenos permanece como no habido por la policía que no se esfuerza en ponerlo entre rejas.
Un hecho que no debería pasar inadvertido a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, es la existencia en Lima y también a nivel nacional, de mafias que siguen dedicándose a la apropiación de terrenos de terceras personas, y otros bienes incluso muebles, falsificando documentos y firmas.
El modus operandi de estas bandas es conocido, fabrican minutas de compra venta, para luego ser ejecutada en la vía judicial, falsifican sellos de reconocidos notarios en la ciudad, para lograr incluso la inscripción de estas compras ventas a nivel de los Registros Públicos.
Pese a que en este tipo de delitos participan varias personas para lograr su cometido, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se insiste en tipificarlos como delito común, y no como Criminalidad Organizada.
Esta correcta tipificación obedece a que en estas bandas existe una clara distribución de funciones, como son entre otras personas, los abogados que certificaban los documentos a presentar ante las distintas autoridades.
Uno de estos personajes mafiosos es el traficante de terrenos, Edson Grover Quispe, cabecilla de una de las bandas dedicadas en Lima a la apropiación de terrenos a agravio de vecinos de los distritos residenciales de la capital, y también periféricos, mediante la modalidad de falsificación de firmas y documentos.
Quispe sigue sin ser habido desde hace tres años, en que se dictó la orden de captura en su contra.
En fuentes del Poder Judicial, donde existen abiertos varios procesos judiciales en su contra, por varias empresas y personas, afectadas por su accionar delictivo, quienes han expresado su alarma por la desidia policial de no desarrollar esfuerzos para localizar y capturarlo.
Criminalidad organizada
Respecto a la errónea interpretación de este comportamiento delictivo como delito común, según autorizadas opiniones de juristas, corresponde tipificarlo como Criminalidad Organizada, que es lo que corresponde, ya que en este tipo de delitos existe entre los concertados una clara distribución de funciones, entre ellos de abogados que certifican los documentos a presentar ante las distintas autoridades y de falsificadores especializados en fabricar documentos necesarios para consumar el delito.
En suma, según estos alcances, la pena correcta a aplicarse a los traficantes de terrenos sería de 35 años de cárcel, tal como lo ha solicitado la titular de la II Fiscalía para Casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marita Barreto Herrera, para el cabecilla del clan criminal de Rodolfo Orellana, autor de la misma modalidad de delito para apropiarse de por lo menos una veintena de inmuebles.
Sobre Quispe sigue vigente la orden de captura a nivel nacional dictada a mediados del año 2017, pero increíblemente hasta la fecha no ha podido ser capturado, por una evidente desidia por parte de las autoridades de la PNP y Ministerio Público.
