Legisladora Maricarmen Alva destaca labor de último parlamento unicameral

 

La legisladora Maricarmen Alva destacó la labor del actual Congreso, el último bajo la unicameralidad, en favor de la democracia y estabilidad del país, al recordar que enfrentó el golpe de Estado perpetrado por el izquierdista Pedro Castillo y evitó que el Perú entre en mayor incertidumbre institucional. Asimismo, destacó que haya restituido la bicameralidad y consideró que el próximo gobierno debe mantener el proceso de adhesión de Perú a la OCDE como una política de Estado.

– En pocos días termina el Congreso unicameral que rigió desde 1992. ¿Cómo evalúa el legado de esta legislatura y qué errores no debería repetir el nuevo Congreso bicameral?

Cuando pasen algunos años, estoy convencida de que este Congreso será evaluado con mayor objetividad. Fue un Parlamento que tuvo que enfrentar circunstancias absolutamente excepcionales: inició funciones cuando el país aún sufría los efectos de la pandemia, convivió con una inestabilidad política sin precedentes, con varios presidentes de la República durante un mismo periodo constitucional, y, sobre todo, enfrentó el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. […] Esa actuación permitió que la sucesión presidencial se realizara conforme a la Constitución y evitó que el país ingresara en una etapa de mayor incertidumbre institucional.

Pero este Congreso deja también otro legado histórico: aprobó la reforma constitucional que reestablece la bicameralidad después de más de tres décadas. No es una reforma menor; probablemente sea la transformación institucional más importante desde la Constitución de 1993. A ello se suman leyes que presenté y tuvieron un impacto directo en la vida de millones de peruanos, como la Ley de la Silla, el retiro extraordinario de la CTS, el fortalecimiento del teletrabajo y la creación del Sistema Nacional de Flagrancia. Desde la presidencia del Congreso y posteriormente desde la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, comprobé que, incluso en medio de la polarización, era posible construir consensos cuando el interés nacional estaba por encima de las diferencias políticas. Ahora bien, también debemos hacer autocrítica. Algunas veces la confrontación política terminó opacando el trabajo legislativo y de control político. Ese es un error que el nuevo Parlamento no puede repetir. La bicameralidad solo tendrá sentido si produce mejores leyes, eleva la calidad del debate y recupera la confianza de los peruanos. […]

– ¿Cuáles son, en su opinión, los tres temas más urgentes que debe abordar el nuevo Congreso apenas se instale?

El nuevo Congreso no tendrá una curva de aprendizaje. El país enfrenta problemas demasiado graves como para perder los primeros meses en disputas políticas o administrativas. En mi opinión, hay tres prioridades que no admiten demora: la reactivación económica, la preparación del país frente al Fenómeno El Niño y la reforma integral del sistema de justicia. La primera prioridad debe ser la reactivación económica. El Congreso tiene que acompañar al Ejecutivo aprobando normas que promuevan la inversión pública y privada, reduzcan trabas burocráticas, impulsen la formalización y generen empleo. El Perú necesita recuperar competitividad y volver a crecer de manera sostenida, pero con responsabilidad fiscal. La segunda prioridad es la prevención ante el Fenómeno El Niño. No podemos esperar a que lleguen las lluvias para reaccionar. El Congreso debe fiscalizar que los recursos destinados a prevención se ejecuten oportunamente y que exista una coordinación efectiva entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Finalmente, debemos retomar con decisión la reforma del sistema de justicia. Desde la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia impulsamos propuestas para fortalecer la meritocracia, reducir la provisionalidad de jueces y fiscales y consolidar el Sistema Nacional de Flagrancia. […]

– Más allá de la agenda de mediano plazo, ¿qué decisiones no pueden esperar y deben resolverse en las primeras semanas de la nueva legislatura?

[…] En lo inmediato, el Congreso debe aprobar una agenda legislativa consensuada con prioridades claras. Esa agenda debe acompañar las medidas del Ejecutivo para la reactivación económica, facilitar la ejecución de obras de prevención frente al Fenómeno El Niño y destrabar inversiones que generen empleo. Asimismo, debe instalar y poner en funcionamiento las comisiones ordinarias y especiales sin dilaciones, porque es allí donde realmente comienza el trabajo legislativo y de control político. La coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo será clave para que las reformas avancen con rapidez, sin renunciar a la autonomía de cada poder del Estado. Otra decisión que no puede postergarse es retomar la agenda de reforma del sistema de justicia. La Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia deja informes y propuestas que no pueden quedar archivados con el cambio de legislatura. Debemos avanzar en la reducción de la provisionalidad de jueces y fiscales, fortalecer el Sistema Nacional de Flagrancia, consolidar una carrera judicial basada en la meritocracia y mejorar la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia. Los peruanos esperan un Congreso que empiece resolviendo problemas concretos, no uno que pase sus primeros meses discutiendo sobre sí mismo.

– Según el último balance, el proceso técnico de incorporación del Perú a la OCDE está cerca del 40% de avance entre comités y grupos de trabajo. ¿Qué comités concretos faltan por cerrar y cuáles son los más complicados?

Desde la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la OCDE hemos acompañado de cerca este proceso y puedo afirmar que el avance alcanzado es importante. Sin embargo, el 40 % representa apenas una etapa del camino. Lo que viene ahora es más exigente porque corresponde culminar las evaluaciones en los comités que demandan reformas estructurales y resultados concretos en el funcionamiento del Estado. Entre los desafíos más importantes se encuentran los comités vinculados a Gobernanza Pública, Política Ambiental, Economía Digital, Asuntos Fiscales, Inversiones, Competencia y el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. Estas evaluaciones no se aprueban únicamente con cambios normativos. La OCDE exige que el Perú demuestre, con evidencia, que sus instituciones son transparentes, eficientes, predecibles y capaces de implementar políticas públicas de calidad. […] Por eso siempre hemos sostenido que la adhesión a la OCDE debe mantenerse como una política de Estado. Desde la Comisión Especial hemos promovido el seguimiento permanente al trabajo del Ejecutivo para identificar avances y desafíos, porque entendemos que este proceso trasciende a un gobierno o a un Congreso. Ingresar a la OCDE no es un objetivo simbólico; significa consolidar un Estado más moderno, fortalecer la confianza de los inversionistas y ofrecer mejores servicios públicos a todos los peruanos. Ese compromiso debe continuar durante el próximo quinquenio.

– ¿Cuáles son las tres acciones más urgentes que debe emprender Keiko Fujimori a nivel internacional?

El próximo gobierno recibirá un escenario internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica y nuevos desafíos comerciales. En ese contexto, considero que hay tres prioridades claras: reposicionar al Perú como un socio confiable para atraer inversión, fortalecer nuestro liderazgo en los espacios multilaterales y colocar a los peruanos en el extranjero en el centro de la política exterior. La primera tarea será recuperar la confianza internacional en el Perú. Eso implica transmitir estabilidad política, respeto al Estado de derecho y reglas claras para la inversión. Nuestro país tiene ventajas competitivas enormes, pero necesita una política exterior alineada con la promoción del comercio, la infraestructura, la minería responsable, el turismo y la integración económica. Al mismo tiempo, el Gobierno debe mantener como prioridad el proceso de adhesión a la OCDE, porque representa una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y elevar los estándares del Estado.

La segunda prioridad es reforzar la presencia del Perú en los organismos internacionales y consolidar alianzas estratégicas en la región y el mundo. Y la tercera, que considero fundamental, es fortalecer la protección de nuestros compatriotas en el exterior. Millones de peruanos viven fuera del país y necesitan servicios consulares más eficientes, mayor asistencia en situaciones de vulnerabilidad y una política que reconozca su aporte al desarrollo nacional. Una buena política exterior no se mide solo por las relaciones entre Estados; también se mide por la capacidad de proteger a los peruanos dondequiera que se encuentren y de generar oportunidades para el país.