El expresidente no se pudo librar de las acusaciones en su contra
La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por unanimidad, el informe final de la Denuncia Constitucional 196, que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra en el caso «Richard Swing». Con 25 votos a favor, se dio luz verde a la acusación constitucional, relacionada con la presunta contratación irregular del cantante Richard Cisneros Carballido entre 2018 y 2020, con pagos autorizados de hasta S/175.400.
El informe atribuye al exmandatario varios delitos, como tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Además, señala que Vizcarra habría abusado de su cargo para facilitar la contratación de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, pagando S/155.000, a pesar de su falta de idoneidad para el puesto.
Lee también:
Rafael Vela y Gorriti hicieron un “cerco criminal” contra García
También, menciona a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, en relación con los mismos hechos, aunque su caso fue archivado por caducidad. Lo mismo ocurrió con las exministras de Cultura, Ulla Holmquist y Sonia Elizabeth Guillén.
Informe final
Antes de la sustentación del informe final, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, leyó el documento enviado por Martín Vizcarra, en el cual renunciaba a su prerrogativa de antejuicio. Luego, siguiendo el reglamento del Congreso, el titular del Parlamento, Alejandro Reyes Soto, propuso que la congresista Camones Soriano integre la Subcomisión Acusadora para sustentar el informe y formular la acusación ante el Pleno del Congreso, propuesta aprobada por unanimidad.
El Ministerio Público, en septiembre de 2021, denunció penalmente a 19 personas, incluyendo a Richard Swing y a la exsecretaria general de la Presidencia de la República, Miriam Morales, para quien la fiscal Janny Sánchez solicitó 13 años y 4 meses de prisión.
Por otro lado, Vizcarra no requirió su derecho a defensa y solicitó que se le levantara el derecho al antejuicio, pero no consideraron su solicitud por carecer de sustento legal. Cabe destacar que el ex presidente ya enfrenta una inhabilitación de 10 años por el Caso Vacunagate.
