En Huánuco el médico Carlos Antonio Villanueva Quijano, fue sentenciado a un año y ocho meses de pena privativa de la libertad
Carlos Antonio Villanueva Quijano, médico asignado al Centro de Salud de Huacrachuco en la provincia de Marañón, fue condenado a una pena privativa de la libertad de un año y ocho meses por no cumplir con sus responsabilidades funcionales.
Después de que la fiscal provincial, Bilha Yaritza Rodríguez Zelaya, de la Fiscalía Provincial Penal de Marañón, investigara al médico y presentara su solicitud de medida coercitiva ante el juzgado, el galeno optó por la terminación anticipada del proceso.
Villanueva Quijano, quien desempeña sus labores en el consultorio de Medicina III, ha dejado constancia en documentos de su rechazo a realizar exámenes médicos a usuarios involucrados en casos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, a solicitud de la comisaría policial de Huacrachuco y el Ministerio Público.
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Argumentaba que carecía de la especialidad requerida como médico legista. Este caso en particular, ocurrido el 31 de julio de 2023, involucraba a Macedonia Gómez Aguirre, quien presentó una denuncia policial después de presuntamente sufrir agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja, excuñado y exsuegro en Alto Marañón.
En ese contexto, la Fiscalía ordenó realizar un examen médico para evaluar posibles lesiones; sin embargo, la respuesta obtenida fue adversa. Ante la negativa del médico, la fiscal provincial, la asesora legal del Centro de Emergencia Mujer (CEM), agentes policiales y el abogado defensor de la presunta víctima acudieron al centro de salud con el objetivo de persuadir al médico para que cambiara su postura, proporcionándole detalles sobre la Ley N.° 30364.
No obstante, el médico se mantuvo inflexible. Situaciones similares se presentaron en otros casos que necesitaban su evaluación médica, a pesar de los documentos instando su colaboración por parte de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, según lo evidencian los oficios de respuesta emitidos por el médico en cuestión (n.° 0454, de fecha 12 de agosto del 2023, y n.° 468, de fecha 16 de agosto del 2023).
Debido a esta situación y al riesgo procesal que implicaba, la Fiscalía se vio obligada a designar a otro profesional de la salud para llevar a cabo la evaluación requerida. Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de 4000 soles como reparación civil a favor del Ministerio Público.
