Colectivos exigen que el gobierno de México “atienda con urgencia, contundencia e integralidad”.
Más de 100.000 personas fueron desaparecidas en México a partir de 1964, una vez que comenzó el conteo. El Registro Nacional de personas Desaparecidas y No Localizadas ha superado este lunes la cifra que prueba la grave situación en el territorio. La mayor parte de aquellas personas fueron registradas como desaparecidas desde 2006, una vez que comenzó la Gestión de Felipe Calderón, que sacó la fuerza armada a la calle para combatir la violencia del crimen organizado. Colectivos de víctimas, activistas y empresas ciudadanas han exigido al gobierno que “atienda con urgencia, contundencia e integralidad” la crisis y han reclamado que se complete la utilización de la ley en temas de desapariciones aprobada hace 5 años.
A partir de 1964, 100.010 personas faltan de sus domicilios en el territorio norteamericano, conforme con la última actualización de los datos oficiales, a las 7 de la tarde. Los números, no obstante, empezaron a dispararse desde 2006. Dicho año el panista Felipe Calderón implementó la llamada guerra contra el tráfico ilegal de drogas. Su sustituto, Enrique Peña Nieto, del PRI, mantuvo la misma estrategia de estabilidad desde 2012 y a lo largo de su sexenio 43 alumnos de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Aunque el mandatario Andrés Manuel López Obrador (Morena) asumió el cargo en 2018 prometiendo que devolvería los militares a los cuarteles, la militarización se ha mantenido. Un comité de profesionales independientes de las naciones unidas que pasó a ver México en noviembre instó al régimen a renunciar a “de inmediato” dicha táctica.
Las desapariciones obligadas continúan siendo cometidas de manera directa por agentes públicos del entorno federal, estatal y municipal. La delincuencia estructurada, además, se convirtió en “un perpetrador central” de desapariciones, según documentó la junta de Naciones Unidas, “con distintas maneras de connivencia y diferentes grados de colaboración, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
