Medida alcanza a exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta
La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió este miércoles una alerta migratoria contra la exjefa de gabinete Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, acusados como coautores del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El aviso de vigilancia llega después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobara el informe final que recomienda acusarlos por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.
Patricia Chirinos pidió a Migraciones emitir una alerta migratoria contra los exministros investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
En un oficio, el gerente general de Migraciones, Hialmer Saturnino, le comunicó a la parlamentaria que Chávez, Sánchez y Huerta fueron registrados en el Sistema Integrado de Migraciones (SIM), con la finalidad de que dicha alerta sea de conocimiento en tiempo real en las 17 jefaturas zonales del organismo.
“Ahora, esperamos que las instituciones de justicia hagan lo propio de acuerdo a sus competencias. Los golpistas deben asumir las consecuencias de sus actos”, tuiteó la legisladora ante la respuesta de Migraciones.
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La acción de Chirinos responde a los informes de dos dominicales, que difundieron imágenes en las que se observa a Chávez realizar coordinaciones antes del mensaje a la nación que pronunció Castillo el día del fallido autogolpe.
Además, remarcó que el expremier Aníbal Torres, con quien fue detenido Castillo, ya cuenta con una alerta migratoria debido a los 18 meses de impedimento de salida que recaen en su contra.
El exmandatario anunció el 7 de diciembre el cierre del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y una reforma del sistema de Justicia, cuando Huerta era titular de Interior, y Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Desde entonces, permanece en prisión preventiva en un penal de Lima, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración. En paralelo, el 17 de febrero pasado, el pleno del Congreso aprobó el informe final de una denuncia constitucional que recomienda acusarlo por encabezar una presunta red criminal en su Gobierno que otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas.
