Paciencia, nos lo repetimos mentalmente una y otra vez. Esa es la resignación a la que cientos de miles de personas se sujetan al verse atrapadas en el tráfico diariamente. Sí, atrapados. Y es que aún en pandemia la congestión no parece menguar en la ciudad.
Cual reloj de arena, uno a uno salen los carros de múltiples embudos. Si bien se ha hecho mucho énfasis en la pérdida de tiempo y en lo que eso implica –de lo que también me explayaré en breve– queda preguntarnos: ¿Y qué pasa con aquellos vehículos de transporte pesado? ¿Se ha discutido acaso sobre cuán afectadas se ven las cadenas de suministro (que repercuten en cada uno de nosotros económicamente) al entramparse horas en las pistas? No. Aparentemente puede resultar un asunto especializado, pero, ¿quién creen, estimados lectores, que paga aquellas horas de espera? Así es: el consumidor final, o sea, todos nosotros. El tráfico nos cuesta. Y vaya que es mucho más de lo que pensábamos.
Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) el 25% de limeños demora más de dos horas en trasladarse desde su casa a su centro de labores. O sea, en un año, el ciudadano pasa 20 días en el tráfico. A ello se suma la contaminación y los accidentes de tránsito. En el 2018 la Universidad Ricardo Palma publicó un estudio relacionado al daño psicológico del tráfico, desde romper hábitos de sueño, hasta propiciar el acoso sexual. El 76% sostuvo que le genera mucho o bastante estrés y hasta problemas respiratorios por los contaminantes. Pero eso no es todo, sino que además los conductores pierden a diario 3.3 millones de dólares por la congestión vehicular, según un estudio de la Asociación Transitemos.
- Justo Carbajal Aguirre, experto en logística.
Pues bien, en el caso de los vehículos de transporte de mercancía, camiones y tráilers la pérdida es aún más exorbitante. En materia logística, cuando una unidad se retrasa o cuando se imposibilita la llegada de un transportista al sitio de entrega se generan no solo más gastos en combustible, sino también la indisponibilidad de la flota de vehículos para las nuevas entregas, el reprocesamiento de despachos, el costo del realmacenamiento de las mercancías, la obsolescencia del vehículo, la ocupación del personal y, a su vez, se afecta la productividad y el dinamismo de los servicios conexos a los que se debe. El estudio del observatorio Lima Cómo Vamos (2019) sostiene que la congestión vehicular en Lima y el Callao generan pérdidas por más de S/ 5.000 millones al año. Tomando en cuenta que en el año tenemos 240 días laborables, se estima que el costo anual en Lima y Callao por el tráfico equivale al 1,8% del PBI de Lima. En resumen, ralentiza la competitividad de nuestra industria, de nuestro comercio exterior y de la economía en su conjunto.
¿A quién corresponde el problema? El 46% de la culpa –según el estudio de Tendencias de Movilidad Urbana– recae sobre el mayor responsable, el Gobierno, dado que se encarga de ejecutar las normas y el presupuesto. Es así que cabe preguntarse, ¿cuál es el papel que está tomando la gestión gubernamental en materia de inversión pública?
¿Más peajes, Waze, bicicleta? Quizá no sea lo mejor. El país necesita una estrategia que logre resolver esta grave deficiencia cuanto antes. Según el Banco Mundial, el transporte es la fuerza motriz fundamental para el desarrollo económico porque genera oportunidades para los pobres y habilita a las economías a ser mucho más competitivas. Es decir, no se puede esperar, ya que es imposible entender la simbiosis entre personas, empleo, educación y servicios de salud si es que no se tiene el transporte como nexo y eje de las anteriores. Esta misma entidad proyecta que, en 30 años, la cantidad de vehículos en circulación se duplicará y superará los 2000 millones en el 2050.
Desde el 2008 se viene promocionando en el país la construcción de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima. Respecto a la línea 2, si es que se pone en marcha este 2021, llegaría cuatro años más tarde de lo establecido, a pesar de contar con uno de los presupuestos más grandes de la historia del Perú: costando más de 4 mil 700 millones de euros. Según lo anunciado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, esta línea, con 8.5 kilómetros de túnel, ya está a un 90% de avance en las cinco primeras estaciones. Ese tramo es el que justamente esperan inaugurar en el mes de julio, aprovechando la efeméride del Bicentenario de la Independencia. Pero ¿qué sucede, sin embargo, con la línea 3 y 4 del tren?
Desgraciadamente estos últimos tramos –tras más de 10 años de marchas y contramarchas– aún se encuentran en fase de estudio, los cuales tomarían entre un año y un año y medio. Es decir, hasta el momento no hay fecha de inicio de obras. Por ahora solo se sabe que las unidades viajarán a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y que su operación automática brindará una mejora significativa en términos de eficiencia, con intervalos entre trenes de 1.5 minutos y posibilidades casi nulas de accidente. Por lo tanto, es gravitante poner en marcha estos proyectos.
Contar con mejores líneas de transporte es fundamental para el desarrollo. Los peruanos merecemos un sistema de transporte mucho más seguro, menos contaminante, más eficiente y accesible. Una infraestructura que atenúe la congestión del tráfico y la contaminación, que facilite el acceso al empleo y que disminuya el consumo de energía de transporte. Si bien es cierto que el transporte integral va más allá del concreto, sabemos que en el contexto de urbanización en el que atravesamos, la infraestructura apremia.
En el 2019, según el último Índice de Tráfico de TomTom –que proporciona información sobre los niveles de congestión vehicular en 403 ciudades de 56 países– Lima ocupaba el tercer lugar con mayor congestión vehicular del mundo. Se trata de un problema que ya no puede seguir siendo invisibilizado, pues el desperdicio anual representa el costo de un megaproyecto.
Estando a menos de tres meses de un proceso electoral, el transporte debería ser materia esencial en los planes de gobierno. Así, si se concreta la anhelada infraestructura no sólo se liberarán las arterias de la ciudad, sino que también fluirán mejor los productos en la cadena de suministro, lo que se traduce en menos dinero al agua. Y se supone que en esta crisis los pocos recursos económicos del ciudadano no son un estorbo ¿o sí?
