De 91 profesores las denuncias son por violación de la libertad sexual
El Ministerio de Educación (Minedu) ha tomado una medida drástica para garantizar la seguridad de los estudiantes en las instituciones educativas del país. En una acción reciente, se ha decidido separar a 128 docentes y personal administrativo debido a sus antecedentes penales por delitos graves, incluyendo terrorismo, homicidio y, predominantemente, violación sexual. Esta decisión busca convertir las escuelas en espacios seguros para los alumnos.
El ministro de Educación, Morgan Quero, ha destacado la gravedad de la situación, señalando que de los 128 profesionales separados, 91 están acusados de violación de la libertad sexual, un delito que afecta mayoritariamente a mujeres en el territorio nacional.
Las estadísticas sobre violencia sexual en Perú son preocupantes. Según el Centro de Emergencia Mujer (CEM), en 2023 se registraron más de 30,800 casos de abuso sexual, con la mayoría de las víctimas siendo niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Solo en los primeros dos meses de 2024, se han reportado 2,831 nuevos casos, lo que equivale a casi 50 menores de 18 años siendo víctimas de abuso sexual cada día.
Además, más de 1,300 niñas menores de 14 años han quedado embarazadas solo en el último periodo, un problema que se ve exacerbado por las uniones tempranas y forzadas, con 56,000 casos documentados hasta la fecha. Estas cifras reflejan una realidad alarmante que exige medidas urgentes y efectivas para proteger a las menores.
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Los 128 individuos separados incluyen 105 docentes y 23 administrativos. Estos profesionales fueron identificados a través de supervisiones y verificaciones realizadas por el Minedu entre el 1 de abril y el 15 de mayo. Además de los 91 casos de violación sexual, se reportaron 12 casos de terrorismo, 8 de tráfico ilícito de drogas, 7 de homicidio, 3 de secuestro, 2 de violación de la intimidad por difusión de imágenes, 2 de proxenetismo, 2 de proposiciones a niños y adolescentes, y 1 de feminicidio.
El Minedu ha reafirmado su compromiso de «convertir las escuelas en espacios seguros», según las declaraciones de Quero. Mantener un entorno libre de personas con antecedentes penales es una tarea fundamental para la gestión educativa. Para prevenir la reincidencia de estos casos en futuras contrataciones, se están implementando mecanismos adicionales de control y supervisión, con un enfoque en la seguridad y bienestar de la comunidad escolar.
En Perú, existen diversas vías para denunciar actos de violencia, tal como lo establece el Ministerio Público. Para reportar un caso de violencia contra la mujer, las denuncias pueden realizarse de manera presencial en cualquier dependencia policial o comisaría nacional, en las Fiscalías Provinciales de Violencia contra la Mujer, en la Fiscalía Penal y en el Juzgado de Familia.
También, la Fiscalía de la Nación ofrece un canal virtual para denuncias en línea, accesible las 24 horas desde el enlace [denuncias en línea](https://portal.mpfn.gob.pe/denuncias-en-linea). Este portal requiere el DNI del denunciante y una redacción clara de la acusación. Además, el denunciante puede solicitar medidas de protección, como la compañía de la Policía Nacional para retirar sus pertenencias del domicilio del agresor.
Las medidas de protección, según el Ministerio Público, pueden incluir la prohibición de porte de armas, la prohibición de comunicación por parte del agresor, el retiro del agresor del domicilio y el impedimento de acercamiento a la víctima. Estas acciones buscan proteger a las víctimas y garantizar su seguridad en situaciones de riesgo.
Esta serie de medidas y acciones refleja el esfuerzo continuo del Minedu y las autoridades peruanas para combatir la violencia y asegurar un entorno seguro para todos los estudiantes y ciudadanos.
