Ministerio de Trabajo devuelve legalidad a Pucalá y anula reconocimiento de seudo representantes laborales vinculados a presuntas mafias azucareras.
Luego de que permaneciera paralizado durante más de ocho meses el procedimiento de designación de representantes de los acreedores laborales de la empresa Agropucalá; el Ministerio de Trabajo devolvió la legalidad y tranquilidad social a la convulsionada azucarera.
Según denunciaron decenas de trabajadores afectados, en el mes de marzo del 2022, el encargado de la Sub Dirección de Registros del MTPE, Jack Pierre Silupu Arica expidió una sospechosa resolución formalizando como representantes de los acreedores laborales de Agropucalá al controvertido abogado Edmundo Gálvez Rodríguez y Marcelino Zeta García, a pesar de que en esa misma resolución se reconocía que no cumplían con los requisitos reglamentarios para la aprobación del procedimiento.
Dicha resolución causó gran malestar en los acreedores laborales de la empresa. Ellos presentaron decenas de apelaciones exigiendo se anulara el irregular reconocimiento de Gálvez Rodríguez. Cuestionaron sus antecedentes negativos, por haber sido condenado por estafa y usurpación de funciones. Incluso fue intervenido por la PNP y la Fiscalía cuando recibía una coima.
Sin embargo, ninguna de las apelaciones fue resuelta durante más de ocho meses. Porque mediante una irregular Resolución Directoral; la encargada de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del MTPE, Silvia Renee Meza Falla, decretó la inhibición de la autoridad de trabajo para continuar tramitando el expediente.
Con dicha decisión se impidió que cualquier cuestionamiento al irregular reconocimiento de Gálvez Rodríguez fuera tramitado. Impidiéndose incluso que pudiera ser reemplazado a pesar de las gravísimas acusaciones en su contra.
Ministerio de Trabajo devuelve legalidad
Sin embargo, le legalidad volvió a ver la luz en el caso Pucalá recientemente. Pues mediante Resolución Directoral N° 007-2023-MTPE/1/20 expedida por el encargado de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. Anderson Junior Silva Córdova se declaró la nulidad de oficio de la resolución que había paralizado el procedimiento durante ocho meses. Esto permitió que se resolvieran las decenas de apelaciones paralizadas.
Mediante dicha decisión se declararon fundadas las apelaciones presentadas y se declaró la nulidad de la indebida formalización de Gálvez Rodríguez como supuesto representante laboral. Esta decisión fue recibida con gran algarabía por los trabajadores activos y jubilados de la azucarera. Pues tuvieron que esperar más de ocho meses para que sus derechos fueran restablecidos.
Los trabajadores pucaleños reconocieron la importancia de que el Ministerio de Trabajo haya hecho respetar la legalidad en este caso. Y que les haya devuelto la estabilidad jurídica que necesitaban con tanta urgencia después de permanecer durante ocho meses sin ser escuchados.
Condenado por lavado y ex alcalde detrás de Pucalá
Denunciaron también que el cuestionado abogado Edmundo Gálvez Rodríguez pretendió utilizar la irregular representación laboral que fue anulada, para tomar el control de Pucalá en contubernio con empresas off shore vinculadas al lavador de dinero Carlos Roncal Miñano y al investigado por defraudación tributaria y lavado de activos Ernesto Flores Vilchez, ambos acusados de sustraer más de 30 millones de soles de la caja de la empresa.
Sostuvieron que dentro del grupo que pretende ingresar irregularmente a Pucalá se encuentra también el ex alcalde de Patapo, Carlos Salvador Cayotopa, quien fue condenado por corrupción, y que ahora funge de supuesto dirigente para presionar a autoridades de distintos niveles con el objetivo de obtener resoluciones a favor de los intereses de Roncal y Flores.
