Todo ello se dio en el marco de la demanda de inconstitucionalidad.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) manifestó que la eliminación de la norma sobre extinción de dominio sería un grave retroceso. Todo esto en el marco de lucha contra la criminalidad y delitos graves. A su vez, esto se puede relacionar con la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, el pasado 2 de agosto.
La institución expresó su preocupación por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo sobre extinción de dominio e hizo un llamado a la reflexión para que el mencionado organismo constitucional vele preferentemente por los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses evidenciados en la objeción sobre la viabilidad de esta importante figura.
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Asimismo, el Ministerio de Justicia indicó que esta demanda tendría incidencia directa contra las entidades beneficiarias como el Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y Procuradurías Públicas, quienes son parte del Subsistema de Extinción de Dominio. Agregó, también, que afectaría la operatividad del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Este último está adscrito al MINJUSDH, en la lucha contra la criminalidad y delitos graves que ellos desarrollan.
Los procesos de extinción de dominio permitieron recuperar, a favor del Estado peruano, más de S/ 250 millones de soles en activos, bienes o ganancias producto de actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado, que tienen como fin obtener beneficios económicos y explotar mercados ilegales, indicó el Organismo de Justicia.
«Exhortamos al Defensor del Pueblo que priorize y defienda los intereses de la ciudadanía. La eliminación de la extinción de dominio afectaría todo lo avanzado en el marco de la lucha contra la criminalidad y delitos graves».
Por último, apuntó que confían en la labor ponderada del Tribunal Constitucional para la interpretación de la Constitución en beneficio de todos los peruanos.