El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un fiscal y agentes de la Policía incautaron equipos de telecomunicaciones del Radio PBO.
El día de hoy miércoles 26 de enero, las oficinas de Radio PBO ubicado en Chorrillos, fueron allanadas e incautaron sus equipos de telecomunicaciones por supuestamente operar sin autorización ni licencia.
El acto fue realizado por nueve funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un fiscal y diversos agentes de la Policía Nacional.
Según informaciones de otro medio, la medida fue aprobada por el juez Tony Solano Pérez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos, esto a raíz de una solicitud que hizo el director de sanciones del MTC, Georgi Carlo Ickovic Padilla.
En el documento presentado, el juez autorizó tres medidas: el descerraje (ingreso forzoso), allanamiento e incautación de material de telecomunicaciones de Radio PBO, nombre comercial de la empresa Radio Tigre S.A.C. (de frecuencia 91.9 FM) que dirige Ricardo Belmont Vallarino, hijo del exalcalde de Lima Ricardo Belmont Cassinelli.
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- Equipos para las transmisión fueron retirados
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- Candado de las intalacione de PBO fue cambiado por el MTC
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- Personal del MTC y PNP llegan a Chorrillos a cumplir la medida del juez
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- Personal del MTC y PNP llegan a Chorrillos a cumplir la medida del juez
No obstante, el ingeniero Aguilar dio a conocer a través de una entrevista a PBO que el MTC no ha dejado alguna copia de la intervención judicial ni fiscal realizada.
“Bueno yo desconozco como acá no nos han dejado copia de la intervención judicial ni del fiscal, desconozco cuales son los términos en los que han ingresado ellos. Ellos solo han indicado al plantista que tenían una orden incluyendo el descerraje y el ingreso ha sido necesario a la fuerza”.
Por otro lado, el vigilante indicó que los funcionarios ya estaban a dentro y la intervención ya estaba hecha, es decir que los equipos de trasmisión ya habían sido sacados. Asimismo, cuando se retiraron las camionetas en las que venían no tenía ningún logotipo de las entidades que habían asistido.
Cabe destacar que el hecho no duró más de 3 horas, debido a que el magistrado Solano también ordenó en su resolución que la intervención sea grabada, no dure más de 4 horas, y “que las personas presentes en el inmueble materia de allanamiento se abstengan de impedir la ejecución de la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciárseles la acción penal por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad”.
