Por querer abandonar obligaciones en peajes
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rechazó la propuesta de Rutas de Lima (RDL) de realizar una transferencia ordenada de la concesión de peajes, señalando que no existe marco legal que permita dicha entrega mientras el contrato vigente se encuentre en ejecución. La comuna sostuvo que la concesión se mantiene activa debido a que fue la propia empresa la que solicitó su continuidad mediante una medida cautelar en un arbitraje internacional.
Este pronunciamiento oficial se da luego de que RDL afirmara que la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, en vigor desde el 5 de noviembre, ha reducido casi en su totalidad sus ingresos, situación que, según la concesionaria, podría llevarla a cesar operaciones si no se revierte la medida judicial dentro del plazo previsto. RDL además indicó que, de mantenerse el escenario, estaría dispuesta a transferir la administración de las vías de manera pacífica para garantizar la seguridad de los usuarios.
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La Municipalidad calificó este planteamiento como un acto de mala fe, señalando que RDL obtuvo ingresos por peajes durante más de doce años por un monto superior a US$ 1,000 millones, y que ahora sostiene no contar con reservas financieras para asumir los riesgos que le corresponden según contrato.
Asimismo, la MML afirmó que es responsabilidad exclusiva de la concesionaria y sus accionistas inyectar el capital necesario para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, incluyendo compromisos frente a la Municipalidad, usuarios, proveedores, trabajadores y terceros vinculados. El municipio advirtió que tomará acciones legales si la empresa traslada o genera cualquier riesgo sobre el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales.
En caso de un eventual abandono de la operación por parte de RDL, la Municipalidad aseguró que actuará de manera inmediata para administrar las vías y garantizar la prestación del servicio público en resguardo del interés ciudadano. Sin embargo, precisó que tal abandono constituiría no solo un incumplimiento contractual, sino también una transgresión a mandatos judiciales, poniendo en riesgo la vida e integridad de los usuarios.
Por ello, la MML anunció que solicitará a la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial iniciar acciones legales.
