Fiscal teme fuga y pedirá impedimento de salida del país.
Después de casi tres años de investigación, la Fiscalía de Lavado de Activos ha descubierto numerosos indicios que involucran al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez con millonarias y sospechosas transacciones comerciales, préstamos y compra de bienes simulados, además de la venta de propiedades infladas.
Para la Fiscalía, son sospechosas las sucesivas inyecciones de dinero que hizo Ramírez a la empresa de grifos Cogeco por S/ 2 millones 290 mil, y luego esta compra seis inmuebles por US$ 2 millones 500 mil, cuando Ramírez era su apoderado legal. Además, una empresa de Ramírez alquiló a Cogeco dos terrenos por 99 años.
Según la hipótesis fiscal, una parte de los US$ 15 millones que Keiko Fujimori le habría dado a Ramírez eran para “lavarlos” en Cogeco y otra en la compra de dos inmuebles valorizados en US$ 2 millones 480 mil que terminaron cedidos a Fuerza Popular.
La investigación fiscal sospecha de las 31 empresas fundadas por Fidel Ramírez, su esposa e hijas y Joaquín Ramírez, como proveedoras de la Universidad Alas Peruanas, a la que han cobrado S/ 361 millones.
Las autoridades descubrieron que la universidad prestó S/ 8 millones a empresas del ex secretario general de Fuerza Popular que, hasta enero pasado, no había sido devuelto y, peor aún, fue ocultado.
Ante esta situación, el fiscal Wilson Salazar, a cargo de la pesquisa, pedirá en los próximos días medidas restrictivas en su contra. Estas irían desde un impedimento de salida o la prisión preventiva.
Para el fiscal Salazar, Joaquín Ramírez obstruye la pesquisa al no entregar la información que solicita la Fiscalía, como por ejemplo la documentación sobre la compra y venta de sus propiedades.
