El hermano de la presidenta Dina Boluarte enfrenta 36 meses de prisión preventiva por el caso Waykis en la Sombra, pero su nombre aún no figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.
Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cumplió un mes prófugo tras ser condenado a 36 meses de prisión preventiva. Esta medida fue dictada en el marco de las investigaciones del caso Waykis en la Sombra, lideradas por el juez Richard Concepción Carhuancho. Pese al fallo judicial, Boluarte optó por no entregarse, lo que ha generado debates sobre su situación legal y política.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, cuestionó la decisión del Poder Judicial, argumentando que la prisión preventiva debe ser utilizada solo en casos extremos. En contraste, gran parte de la opinión pública considera que la fuga de Nicanor Boluarte refuerza la necesidad de sanciones ejemplares.
Sin embargo, una interrogante persiste: ¿por qué el hermano de la mandataria no ha sido incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, diseñado para capturar a los fugitivos más buscados? Según el general PNP Eduardo Rocha, la falta de acción obedece a presiones políticas. “Las declaraciones de ministros y altos funcionarios que defienden a Nicanor han debilitado la capacidad de la Policía para actuar con independencia”, señaló.
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Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza sostuvo que su inclusión en la lista podría ser considerada prematura debido a la presunción de inocencia. No obstante, Rocha enfatizó que el tiempo transcurrido sin avances refuerza la percepción de injerencia política en el caso. “Dina Boluarte no solo es presidenta, sino también jefa suprema de la Policía. Esto crea un conflicto de intereses evidente que dificulta cualquier acción en contra de su hermano”, explicó.
La ausencia de Nicanor Boluarte en el programa de recompensas refleja un problema mayor: la politización de las instituciones de justicia. Según Rocha, esta situación socava la confianza pública en el sistema y pone en duda la imparcialidad de las fuerzas del orden. «Mientras persistan estas influencias políticas, es poco probable que la Policía Nacional actúe de manera efectiva», concluyó.
El caso de Nicanor Boluarte evidencia cómo la conexión entre política y justicia puede obstaculizar la aplicación de la ley, dejando al sistema judicial en una posición vulnerable ante cuestionamientos ciudadanos.
