La primera razón para no convocar una Asamblea Constituyente es que la actual carta magna es buena y ha servido para que el país crezca y se desarrolle bien, a pesar de las turbulencias políticas y de los gobiernos mediocres y/o corruptos.
La segunda razón es que la constitución tiene su mecanismo de corrección mediante reformas -enmiendas, dicen en Estados Unidos– que funciona bien. La prueba es que desde 1993 hasta ahora hemos tenido 17 modificaciones.
La tercera razón es que el país requiere estabilidad jurídica y nada rompe más esta tranquilidad en el orden que la convocatoria a una Asamblea que iría a darnos una nueva carta magna, Dios sabe con qué resultado.
La cuarta razón es que, como ha dicho el candidato presidencial Hernando de Soto, nos haría perder años de trabajo gubernativo, paralizando a los poderes del Estado.
La quinta razón es de orden estrictamente jurídico. Una constitución es por esencia la norma legal de mayor nivel, que pone los cimientos de una sociedad y de un estado. Hemos logrado que la actual nos evite una quiebra total. ¿Para qué cambiarla?
Sabemos que la convocatoria a una nueva constitución en 1978 la hizo el general Francisco Morales Bermúdez como una fórmula para dar por terminada la revolución militar, y convencer a las Fuerzas Armadas de que había que dejar el poder; sabemos que la constitución de Alberto Fujimori en 1993 fue idea de la OEA porque él quería que la hiciera una comisión de expertos, lo que no va con el criterio democrático.
Dicho esto, hay que desconfiar de los que piden un cambio constitucional. Son los mismos que querían volver a la constitución de 1979, un híbrido producto de la coyuntura de entonces: la salida de un largo gobierno socialista militar, que quería consolidar sus ideas, lo que hizo de la carta magna un instrumento ambivalente.
Estamos viviendo un tiempo en el que la izquierda política quiere retomar el poder para hacer de las suyas. Está apoyado por un ambiente internacional en parte proclive a ello. La prueba es que el gobierno de Manuel Merino de Lama no resistió la presión mediática en su contra, a pesar -o mejor dicho por- el gabinete de centro izquierda que formó, que prometía mucho en bien del país.
Mucho dependerá, como lo sucedido en las últimas décadas, de las decisiones que tomen los comandos de las Fuerzas Armadas. Para ellos, lo principal es no tomar el gobierno por un golpe de Estado, lo que está bien, y evitar enfrentarse al pueblo en las calles, lo cual no siempre se puede conseguir, porque la historia nos demuestra que de vez en cuando la democracia se convierte en demagogia, la demagogia trae el caos, y al caos se le enfrenta la fuerza armada de la ley, que son las Fuerzas Armadas, cuando la Policía Nacional ya no puede controlar el orden.
(*) Periodista y analista político.
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