Aclara Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez
El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, puso énfasis en la aprobación del dictamen del Congreso de la República, que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, cometidos antes del año 2002 y señaló que el expresidente Alberto Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad.
Al hacerlo, Gutiérrez cuestionó la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma, para luego señalar que el expresidente Alberto Fujimori se puede acoger al proyecto aprobado en el Poder Legislativo.
«El Estatuto de Roma es de 1998, el Perú se adhirió en 2001 y su vigencia comenzó en 2002; entonces, ¿es posible aplicar este tratado antes de su vigencia?», manifestó el funcionario.
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«No creo que haya imputaciones de delitos de lesa humanidad contra él (Alberto Fujimori), pero, en cuanto los militares procesados, probablemente sí. Sin embargo, no nos corresponde determinar quién beneficia o perjudica la ley, ya que eso implicaría personalizarla», subrayó.
Como se informó, la Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, una ley que establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad solo aplican desde 2002. Ello, por lo tanto, significa que los delitos cometidos antes de ese año no pueden ser procesados bajo estos estatutos.
De otro lado, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, señaló que el Poder Ejecutivo evaluará la observación de la ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad, recientemente aprobada por el Congreso, una vez que la norma llegue a sus manos.
“Como saben, esto se ha aprobado por segunda votación, esto todavía no llega al Ejecutivo. Nosotros respetamos las decisiones que toma el Congreso. Cuando llegue al Ejecutivo se evaluará la observación o no observación, como toda norma que tiene este procedimiento”, afirmó.
Asimismo, Demartini Montes destacó que la intención de la norma no es promover la impunidad, como algunas personas e instituciones señalan, sino contribuir a la construcción de una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos.
