El 17 de abril de 2019, cuando el expresidente Alan García (1949-2019) se suicidó en su residencia mientras iba a ser detenido de manera preliminar por su presunta vinculación con el caso Odebrecht, dos celulares Samsung fueron incautados por el Equipo Especial Lava Jato y, desde entonces, permanecen lacrados.
Pese a que García Pérez ya no está incurso en el proceso, pues con su muerte se extinguió toda acción penal en su contra, el equipo de fiscales considera que en los teléfonos confiscados podría hallar información relevante sobre otros investigados. Ministros y colaboradores cercanos del exgobernante están bajo sospecha.
Sin embargo, también está la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva quien acusó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como el periodista Gustavo Gorriti de la ONG IDL de haber planeado un cerco judicial, con información reservada y filtrada de la declaración de Jorge Barata, representante de la constructora Odebrecht. Por esta grave acusación estos fiscales han sido denunciados y acusados.
Para el equipo Lava Jato, los integrantes de la presunta red criminal, que habría estado liderada por García, tuvieron comunicación entre sí “con correos electrónicos, aplicación de chats y llamadas por WhatsApp, llamadas telefónicas”, de modo que requirió al Poder Judicial intervenir estos equipos.
Aunque el petitorio fue desestimado en 2021, el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó que el primer despacho del equipo Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, tenga acceso a esos móviles.
En rigor, el magistrado ha dispuesto la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y demás correspondencias informáticas almacenadas tanto en las memorias de los celulares y las tarjetas SD.
De acuerdo con la resolución, la data que sea extraída deberá estar “únicamente vinculada a la investigación formalizada” por presunto lavado de activos y otros delitos, una medida que el juez consideró idónea, necesaria y proporcional.
El fallo prohíbe que se recupere información ajena al proceso, y que se levante el secreto de las comunicaciones de Luis Nava, el exsecretario presidencial, quien sin pruebas señaló al exdirectivo de Odebretch, Jorge Barata, de entregar las coimas en maletines y loncheras al expresidente.
“En cuanto a los límites del levantamiento del secreto de las comunicaciones contenido en los equipos telefónicos solicitados, debe dejarse en claro que ello no afectará a personas protegidas con la inmunidad prevista en la Constitución, sujetos a un procedimiento especial (Congresistas, Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional, etc.)”, se lee en el documento judicial.
García se quitó la vida después de que un grupo de policías y fiscales llegó a su casa, en el distrito limeño de Miraflores, para detenerlo de manera preliminar. Tras encerrarse en su habitación, se disparó con un arma de fuego en la cabeza y fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde murió horas después.
García fue despedido en unos funerales multitudinarios celebrados en La casa del pueblo, el histórico local del Partido Aprista Peruano (PAP), ubicado en el centro de Lima, y sus restos fueron cremados el 19 de abril. Su muerte generó polémicas y enfrentamientos entre seguidores y detractores, que no se han atenuado con el paso del tiempo.
