La PNP aplica una norma del Congreso sin reglamentar, beneficiando a oficiales en labores administrativas y afectando a quienes trabajan en operaciones en la calle.
Un total de 265 coroneles de la Policía Nacional aspiran al grado de general, aunque solo hay 25 vacantes. El 70% de estos oficiales provienen de unidades operativas, pero enfrentan desventajas frente a colegas administrativos debido a una reciente ley del Congreso, aún sin reglamentar.
La Ley de Ascensos de la PNP establece, en su artículo 35, que el puntaje de aptitud disciplinaria se basa en el promedio anual de notas de disciplina. Este promedio incluye sanciones acumuladas desde el grado de alférez para los oficiales que aspiran a general, las cuales se cuentan como demérito en su evaluación.
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Puntajes Reiniciados y Aplicación de Sanciones
Cada año, los oficiales inician con 100 puntos, pero pierden puntos con sanciones impuestas según el Régimen Disciplinario de la PNP. Estas sanciones se aplican solo al año en que fueron impuestas, permitiendo que los oficiales comiencen el siguiente año con la totalidad de puntos nuevamente. Sin embargo, este aspecto de la ley resulta desfavorable para los oficiales operativos, ya que pasan mayor tiempo en la calle y son más propensos a recibir sanciones, a diferencia de sus colegas en oficinas administrativas.
Impacto de la Ley: Favorecimiento de Oficiales Administrativos
Fuentes policiales aseguran que esta ley es discriminatoria, ya que «en la práctica, esa ley es discriminatoria porque premia al oficial que no arriesga nada y afecta al que todos los días se arriesga». Este sistema de ascensos, añaden, perjudica más a los coroneles operativos, mientras que aquellos en funciones administrativas, que no se exponen a sanciones, se ven beneficiados.
