Un nuevo atentado con armas de fuego y explosivos fue perpetrado contra la Minera Poderosa en la provincia de Pataz, La Libertad. Los hechos dejaron como saldo un trabajador fallecido y otro herido, sumándose a la preocupante escalada de violencia en la región, caracterizada tanto por su intensa actividad minera como por el incremento de la criminalidad vinculada a la minería ilegal.
El 24 de septiembre de 2024, a las 16:40 horas, un grupo de delincuentes armados con explosivos atacó a una patrulla de la empresa Huayna SAC, contratada por Minera Poderosa, para proteger sus operaciones.
Los hechos ocurrieron en el nivel 2820 de la mina, donde resultó asesinado un agente de seguridad, mientras que otro trabajador fue afectado por la inhalación de gases tóxicos producidos por los atacantes.
La situación no pudo ser controlada hasta las primeras horas del miércoles 25 de septiembre, a las 00:37 horas, momento en que personal de seguridad patrimonial y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) retomaron el control de la zona.
La minera Poderosa, a través de un comunicado oficial, confirmó los detalles del ataque y expresó su pesar por la muerte del trabajador de seguridad.
“La empresa lamenta profundamente la pérdida de un trabajador en este atentado y expresa sus condolencias a la familia, a quienes brindaremos todo el apoyo necesario”, señalaba el texto difundido por la minera.
Asimismo, el comunicado destaca el pesar compartido por los colaboradores de la compañía y la reiterada preocupación por la continuidad de estos ataques, a pesar de la presencia policial en la zona.
La minera Poderosa no solo expresó su dolor por la pérdida de uno de sus trabajadores, sino que también aprovechó la ocasión para reiterar su pedido a las autoridades del Estado peruano, incluyendo al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de La Libertad.
Solicitaron que se intensifiquen los esfuerzos para combatir la creciente criminalidad en la región y, sobre todo, la minería ilegal, la cual, según sus estimaciones, se ha consolidado como una de las principales economías ilegales del país.
El comunicado expuso la preocupación de la empresa ante la inacción del Estado para frenar la expansión de la minería ilegal, la cual, denuncian, opera en connivencia con organizaciones criminales. El texto también aludía a la falta de regulación y control en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que, según la empresa, otorga una falsa cobertura de legalidad a actividades ilegales.
