Ofrece retirar demanda multimillonaria a cambio de que estado retome proyecto
La empresa Odebrecht emitió un comunicado en el que pone condiciones para suspender el proceso arbitral que ha planteado en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y que implica el pago de una indemnización de US$ 1200 millones.
En el documento, hecho público a través de su cuenta de Twitter, la empresa brasileña dice que está “totalmente dispuesta” a “suspender y hasta cancelar el proceso arbitral” pero impone como condición que se reinicie el proyecto del Gasoducto Sur Peruano “por otro inversionista privado sin costos para el Estado”.
Según Odebrecht, ha hecho «todos los esfuerzos” con el fin de “firmar un acta de prórroga de este plazo, permitiendo al Gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el Gasoducto” y justifica la demanda interpuesta ante el CIADI señalando que busca “preservar el derecho de sus acreedores” con el resarcimiento de su capital invertido y no “ganancias indebidas” a su favor.
Sostiene que es “su voluntad preservar y seguir cumpliendo de forma integral” el acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
PROPUESTA
El fiscal del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que han planteado a Odebrecht que desista de la demanda.
“Lo que nosotros hacemos, porque tenemos que compatibilizar estrategias, es llamar a Odebrecht como lo hicimos en el caso de Graña y Montero cuando conocimos que demandaron al Estado. Los llamamos, nos reunimos y les hicimos saber nuestra postura al respecto”, aseguró.
“Acá tenemos que ver la lectura social de la legitimidad de nuestros acuerdos y por eso hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desistimiento de la demanda en tanto ellos mantengan culpabilidad en el caso (Gasoducto Sur Peruano) porque sino tenemos que incorporarlos en la investigación con el mayor rigor”, añadió.
Rafael Vela asegura que si empresa mafiosa no desiste, será incorporada en investigación porque ya ha admitido culpabilidad en el caso Gasoducto.
CASO GRAÑA
Vela Barba señaló que a la empresa Graña y Montero, como parte de las conversaciones para llevar a cabo un acuerdo de colaboración eficaz, les dijeron que desistan de la demanda que planeaban presentar ante Ciadi contra el Perú porque sino habría una “incompatibilidad” con el acta de culpabilidad en el caso Gasoducto.
“Lo mismo hemos hecho con Odebrecht porque existe un acta de culpabilidad […] Lo procesal es que ellos determinen o ratifique el contenido del acta de culpabilidad que ya tienen con nosotros desde hace varios meses. Es un contrasentido que demanden siendo culpables, pero eso es un asunto de ellos, nosotros no podemos intervenir en nada, pero podemos decirles que es un gesto inamistoso que genera turbulencia, enrarece y le da municiones a quienes nos atacan”, manifestó el fiscal superior.
En esa línea, recordó que la decisión fue tomada por el holding de Odebrecht en Brasil, la cual actúa de forma desvinculada con la realidad de los procesos en el Perú, ya que en ese país la empresa tiene varios arbitrajes sin que haya algún conflicto.
NO SE NEGOCIA
El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, enfatizó en que el Gobierno no negocia con corruptos, en referencia a la propuesta de la constructora.
Además, anunció que el Estado ya cuenta con defensa ante el CIADI, la misma que lleva la demanda que también interpuso la española Enagás contra el Perú por el mismo caso.
“El Gobierno no negocia con corruptos, lo que si le digo, es que la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y, denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que está viendo este caso la asumirá en el caso de Obdebrecht”, aseveró.
Aseguró que en el Poder Ejecutivo rechaza la actitud “pretenciosa” de Odebrecht de que “se haya atrevido a plantear una demanda arbitral”, a pesar de haber suscrito un acuerdo de colaboración eficaz y de haber una carga probatoria bastante sustantiva, respecto a los actos irregulares del que fue responsable.
Informó que el proceso arbitral es complejo y lento, tomando como referencia el caso de la constructora Enagás, cuyo fallo será emitido en más de 2 años.
El premier Vicente Zeballos señaló que “el Gobierno no negocia con corruptos”.
