Un grupo de expertos concluyó que el expresidente fue detenido de forma arbitraria y recomendó su inmediata liberación e indemnización.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación por las presuntas vulneraciones a sus derechos.
La decisión está contenida en la Opinión 78/2025, aprobada el 14 de noviembre de 2025, donde los expertos sostienen que la privación de libertad del exmandatario careció de base legal y vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En el documento, la ONU exhorta al Estado peruano a adoptar «sin dilación» las medidas necesarias para remediar la situación jurídica de Castillo y adecuarla a los estándares internacionales. Como parte de esa recomendación, plantea su inmediata excarcelación y el reconocimiento del derecho a una reparación integral.
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Asimismo, el grupo de trabajo solicitó que las autoridades peruanas realicen una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias que rodearon la detención del exjefe de Estado y determinen las responsabilidades por las presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Entre las principales observaciones del informe figura la presunta vulneración del debido proceso. Los expertos sostienen que Pedro Castillo no tuvo acceso inmediato a un abogado de confianza tras su detención y que, durante el procedimiento de vacancia presidencial, su defensa no dispuso del tiempo ni de los medios adecuados para preparar sus argumentos.
La ONU también cuestionó la actuación del órgano judicial que asumió el caso al considerar que no era el tribunal competente y que el procedimiento seguido no respetó las garantías propias de un juicio justo.
Otro aspecto señalado es la afectación al principio de presunción de inocencia. El informe advierte que diversas autoridades realizaron declaraciones públicas atribuyendo responsabilidad penal a Castillo antes de que existiera una sentencia, mencionándolo como autor de delitos como rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
Según el grupo de trabajo, esas manifestaciones generaron un ambiente de presión política que pudo comprometer la independencia de las autoridades encargadas del proceso judicial. Además, indicó que el Ministerio Público no reúne las características de una autoridad judicial independiente.
Pese a la opinión emitida por la ONU, Pedro Castillo continúa recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado.
