VALERIA PONCE
Fredy Arias Portugal, Coordinador de las Asociaciones de Pensionistas Unidos de FF.AA. y PNP, repasa el avance de leyes y proyectos clave para los uniformados: SALUDPOL, reajuste de pensiones y normas sobre uso de armas en flagrancia.
— El Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 12701/2025, que eleva del 6% al 9% el aporte financiero a los Fondos de Salud de la Policía y FFAA. ¿Qué tan suficiente considera este incremento frente al déficit estructural que enfrenta el sistema de salud policial?
Me parece interesante, por cuanto son 3% más que aportaría el Estado para el personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Va a mejorar; se entiende que, al haber más aporte, va a permitir que la atención de salud para el personal sea mejor.
— El mismo proyecto busca separar las funciones de Dirsapol para que SALUDPOL se dedique exclusivamente a la atención de pacientes. ¿Qué impacto tendría este cambio en la gestión del sistema de salud policial?
Yo estoy completamente de acuerdo con ese cambio, porque ya se independiza lo político de lo institucional. Antes lo manejaba el Ministerio, ahora lo va a manejar la propia Policía Nacional, que tiene personal capaz, siempre y cuando el alto mando nombre a las personas idóneas en el cargo; así puede llevar bien el sistema de salud para el personal policial. El Congreso ha aprobado el 9% y el pase de la IAFAS a la Policía, pero mientras el Ejecutivo no la promulgue u observe, todavía no hay nada. Es un buen paso, siempre y cuando el Ejecutivo la apruebe.
— Ya se cumplió con el cuarto tramo de aumento a FFAA y PNP dispuesto por el DS 102-2026-EF. ¿Debería el próximo gobierno impulsar un nuevo incremento, o ya es sostenible?
No, sería muy prematuro hablar ahorita de un aumento. Por lo pronto, ya se completaron los cuatro tramos que ofreció el gobierno saliente, y no queda nada pendiente de ese compromiso. Lo único que queda pendiente es solucionar el problema de los oficiales superiores y los brigadieres, y sus equivalentes en las Fuerzas Armadas, para lo cual hay que modificar el artículo 19 del Decreto Legislativo N.° 1132; eso favorecería a ese sector, que es lo único que queda pendiente de la promesa del actual gobierno del año 2024. Lo que sí habría que tocar con el próximo gobierno es la ratificación de los montos de Fiestas Patrias y Navidad, porque estamos en 300 soles desde hace muchos años, una cantidad ínfima comparada con otros sectores. Sería ideal que ese monto, si no se lleva a la remuneración consolidada, al menos se lleve a la remuneración mínima. Es un tema que hay que conversar con el gobierno entrante para hacerlo realidad.
— La Ley 32291 incorpora de forma explícita el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito. ¿Qué tan suficiente es esta norma frente a lo que realmente necesita la policía para actuar?
El problema son los parchecitos. Hay que ver el problema integral y darle a la Policía todo en un solo documento, qué puede hacer y qué no, de una vez, con todas las fuerzas. Siempre tiene algo en contra; hay que darle todo a la mano. Si el gobierno le resuelve todo, la Policía debe actuar bien; incluso se desterrarían las extorsiones. Hay que darle las herramientas para que trabaje, no puede trabajar a medias, con equipos adecuados y la mimetización correspondiente, porque también hay un problema de fuga de información.
— El DL 1186 busca «blindar» legalmente al policía que dispara en flagrancia para que no termine procesado por homicidio. Sin embargo, en la práctica es juzgado en la vía común. ¿Qué opina sobre la exclusividad del fuero militar policial aprobado?
Cuando el policía, en cumplimiento de su misión, mata o hiere a un delincuente, no tiene ni siquiera que ser enviado a ningún fuero, porque es su función, el delincuente está actuando mal y el otro lo está corrigiendo. No puede decirse “te vas a fuero militar o a fuero civil”; aquí no hay ningún fuero, señor, yo cumplí mi misión. Debe reconocérsele que cumplió su misión y seguir adelante. Hoy es muy complicado, uno va en defensa de la ciudadanía, interviene, mata a un delincuente, y tiene que prepararse para conseguir un abogado porque va a ir a fuero militar o civil, mientras su familia no tiene ni para comer, aparte de que esto le crea un problema en la carrera porque ya no asciende. Entonces el policía no actúa como debe actuar. Hay muy buenos profesionales y buenos policías, pero si van a actuar para que después los metan a la cárcel, ¿qué beneficio tiene defender a la ciudadanía? Sale en su defensa y sale perjudicado. Son leyes aisladas: que vaya a fuero militar, que vaya a fuero civil, que se le exonere de esto, pero siempre hay jueces que no cumplen con las leyes y dicen “mató, preso”, sin reconocer que cumplió su función. El policía no tiene por qué demostrar que cumplió su función, es parte de su trabajo; pero como no lo demuestra, el juez dice “mató, preso” y no piensa más. Hay que dar protección a los policías y decirles a jueces y fiscales que esto es así, pero ellos, cuando se trata de un policía o un militar, ponen todo el peso en contra. Así no se puede proteger a la ciudadanía ni al país.
— El DL 1579 faculta a los gobiernos regionales y locales a usar hasta el 20% de sus recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras para seguridad ciudadana. ¿Ese dinero realmente llega a las comisarías?
Yo soy de la idea de que las regiones […] no utilizan ese dinero en lo que deben. Lo que tiene que hacer el gobierno central es direccionar cuáles son las prioridades: las comisarías, los hospitales, las cárceles. Hay que ver cuál es la mayor prioridad y, en base a eso, que los gobiernos regionales orienten el dinero a ese fin, no que se dediquen a hacer monumentos, obras deportivas o emplearlo en otra cosa, mientras la pobreza sigue en esas regiones. Esas regiones no han surgido, por más recursos que se les ha dado, siguen siendo pobres, y no es culpa del gobierno central, […] es culpa del gobierno regional, que teniendo los fondos no los ha gastado adecuadamente. Si se hace un buen planeamiento, qué necesita la Policía para trabajar mejor: una buena comisaría, bien equipada, bien implementada, con el personal adecuado nombrado para ejercer la función, el terreno lo da el gobierno regional, y si el gobierno central tiene la plata, que el gobierno regional la construya. Eso se puede hacer en todas las regiones; depende de que el gobierno regional quiera emplear el dinero adecuadamente. Hace muchos años se han podido hacer muchas cosas y se ha perdido el tiempo; no es problema del gobierno central, es problema del gobierno regional.
— A diferencia de las regiones, en Lima el panorama es distinto. ¿Quién debería liderar la gestión de la seguridad ciudadana en la capital?
En Lima es diferente, ahí ya entra el gobierno central. Pero hay otro problema, la Municipalidad de Lima quiere que su Serenazgo haga funciones de Policía. El Serenazgo se creó con una finalidad, no para cumplir las funciones del policía. La Policía, por Constitución, tiene que cumplir con lo que se le ha mandado, y no puede haber otro grupo, como quiere la Municipalidad de Lima, que se dedique a hacer las mismas funciones, porque al final se van a entorpecer, si actúo en un hecho delictivo y la municipalidad también va, entre los dos se va a terminar enfrentando. Eso no debe ocurrir, tiene que separarse, el Serenazgo cumple la función para la que fue creado, y la Policía cumple la función que le da la Constitución, punto. Ahora, respecto a las comisarías, sí pueden trabajar juntos el gobierno central y la municipalidad; así como la municipalidad con sus propios fondos también puede construir, el gobierno regional de Lima también puede construir comisarías con su presupuesto. El problema no es Lima, para mí Lima está casi implementada; el problema, más que todo, está en las regiones, donde es más abandonado.
— Usted considera que en Lima la infraestructura policial está casi implementada, sin embargo persiste la percepción de un servicio deficiente frente al aumento de extorsiones. ¿A qué atribuye esa brecha?
Lo que está pasando es que las leyes no protegen a la Policía. El policía actúa y termina enjuiciado; las leyes no lo protegen, no le permiten ejercer su función. Muchos policías llegan hasta cierto nivel, no quieren avanzar, dan un paso más y se van presos, entonces se cuidan y no ejercen la función para la que han sido preparados. Lo que tienen que hacer es dar leyes que los protejan. Segundo, darles el equipamiento adecuado, porque no lo tienen, ni las pistolas ni los uniformes, que los compran los propios policías. Hay que equiparlos completamente, darles todas las herramientas necesarias, un buen sistema de inteligencia, e implementar las comisarías con computadoras y sistemas modernos para que puedan actuar más rápido. No se puede trabajar con herramientas antiguas mientras la delincuencia actúa con herramientas modernas.
