El relator de la ONU destaca que Perú sufre un nivel de contaminación “severo y extendido” en gran parte del país.
El abogado Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos (ONU), testificó ante más de 100 peruanos afectados por derrames de petróleo y desechos mineros durante seis días. Le entregan fotos, peritajes e informes para que pase su petición a organismos internacionales y gobiernos en aras de que países y empresas -a las que condenan- no se responsabilicen. “Los certificados de exposición a tóxicos muestran que la contaminación es alta y generalizada en muchas partes del país». Orellana ofreció una entrevista al diario EL PAÍS tras visitar el país andino, donde la principal amenaza es perder la vida por enfermedades mortales, falta de agua potable, ser abandonada y no recibir tratamiento médico.
El relator visitó dos zonas de «sacrificio ambiental», que calificó de contaminadas, donde era «imposible o muy difícil» vivir con dignidad, porque cerca de plantas petroquímicas, empresas mineras, la gran minería u otras formas de industrialización contaminante son perjudiciales para la salud de las personas. Las personas y los intereses son como la comida. Orellana visitó la comunidad de Nuevo Andoas en Loreto -región amazónica que ha vivido el peor derrame de petróleo en décadas- y en Lima recibió denuncias de pescadores de la costa norte y un centro afectado por hidrocarburos. El más reciente de ellos fue el gran derrame de Repsol del 15 de enero, que involucró 11.900 barriles de petróleo, que contaminaron 116 kilómetros cuadrados de océano y costa entre la provincia del Callao y la región Lima, incluyendo ambas áreas naturales protegidas.
“Me asombra el hecho de que se hayan producido más de 1.000 derrames en costas, matorrales y montañas en los últimos 25 años. Los desastres siempre ejercen una gran presión sobre la capacidad de respuesta de un país, pero hay falta de coordinación, respuesta lenta e incapacidad para responder a estos derrames. El problema humanitario de un incidente como el derrame de Ventanilla (Callao) apunta a una brecha en las instituciones y estándares que protegen el medio ambiente y las personas que dependen de él», dijo el profesor George de la Universidad de Washington.
Juan Nunningo, representante del gobierno regional de Wampi, dijo el viernes al relator que, a pesar de las súplicas al gobierno, «no ha habido resultados positivos». “Queremos que nos apoyen en difundir el mensaje a nivel internacional porque el gobierno no respeta los derechos de los pueblos indígenas. Los niños sufren de enfermedades inexplicables, agrega Nuningo, y no les importa el impacto de la contaminación por petróleo en el norte del Amazonas en perjuicio de la industria pesquera.
Afectado por un derrame de petróleo en alta mar en enero pasado, Luis Díaz le dijo a Orellana que es parte de la tercera generación de su familia de pescadores artesanales en Aucallama, 50 kilómetros al norte del derrame. «Nos mintieron: el Estado no se hace responsable y no habla en contra de Repsol. La tecnología que usan para limpiar no es suficiente», argumentó. El relator especial de la ONU, que ha llegado a Perú invitado por organizaciones de la sociedad civil, se encuentra a la espera de una visita oficial, que está sujeta a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.
