La jueza Miagros Grajeda exhorta al Ejecutivo y al jefe de la Región Policial-Lima de abstenerse a colocar rejas de manera permanente, según su resolución.
¡Atención! A través del Primer Juzgado Constitucional de Lima se puso en conocimiento que el Poder Ejecutivo deberá retirar las rejas que impiden el paso a toda persona que transite por la zona ya que dicho cierre impide el acceso directo a los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza mayor del centro histórico de Lima.
En esa línea la resolución dada por la jueza Milagros Grajeda precisa que dicho cierre vulnera el derecho a la libertar individual y de libre tránsito. Asimismo a través de la misiva se indica y exhorta al Ejecutivo y al jefe de la Región Policial – Lima de abstenerse a colocar rejas de manera continua y permanente ya que dicho acto genera obstrucción y restringe el derecho de libertad al libre tránsito sin justificación legal.
Cabe mencionar que el fallo se da luego de que se declarara fundada una demanda interpuesta por el peruano Carlos Fernández quien presentó su reclamo en beneficio de los trabajadores y consumidores de los establecimientos que se encuentran a los alrededores de la plaza obstruida.
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“Se ha vulnerado su derecho a la libertad de tránsito, en tanto que, resulta desproporcionada la medida de colocar rejas en el Centro Histórico de Lima, un lugar que debe ser abierto para que todo ciudadano pueda disfrutar del ornato de la misma sin que ello perturbe las funciones políticas y administrativas del Despacho Presidencial, para lo cual Palacio de Gobierno cuenta con su propia guardia de Seguridad del Estado, con el debido protocolo de atención de visita”, se indica en los argumentos del habeas corpus.
“Las condiciones en las que se puso las rejas se debieron a la amenaza terrorista que destruía las instituciones democráticas y sus símbolos, lo que ahora no se estaría dando, tal es así, que el Congreso de la República abrió sus puertas”, se agrega.
También indica que al no cumplirse con las funciones preventivas que se establecieron inicialmente, habría “un grado de arbitrariedad, irracionabilidad y desproporcionalidad en las medidas; afectando el normal tránsito y los derechos para contratar, decidir y consumir”.
