Se impone una pena de hasta ocho años de prisión por este delito
El magistrado Omar Ahomed Chávez, perteneciente a la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, afirmó que la actividad minera no autorizada constituye un delito de riesgo y señaló que actualmente está siendo gestionada por grupos delictivos.
«Los procesos por minería ilegal han ido creciendo; esta actividad que antes se consideraba aislada, ahora, lamentablemente, lo hacen organizaciones criminales», expresó.
Explicó que, de acuerdo con el Código Penal, se impone una pena de cuatro a ocho años para aquellas acciones relacionadas con la exploración, explotación o extracción de minerales metálicos y no metálicos que resulten amenazantes para la salud, la calidad ambiental o sus elementos constituyentes.
Asimismo, afirmó que se comete el delito cuando se expone al medio ambiente a situaciones de riesgo y cuando no se cuenta con la debida autorización administrativa.
En el caso de la modalidad agravada, el delito relacionada con la minería ilegal puede conllevar una pena de hasta ocho años. No obstante, también se tiene en cuenta la modalidad culposa, la cual se aplica cuando no existe intención y se deriva de la negligencia al incumplir con las responsabilidades de cuidado. En esta circunstancia, la sanción no superará los tres años.
En relación con el reciente incidente dirigido hacia una compañía minera en Pataz, La Libertad, Ahomed afirmó que no sería adecuado referirse directamente a la minería ilegal; en su lugar, podría tratarse de otros delitos de mayor gravedad, tales como secuestro, extorsión o homicidio, los cuales conllevan penas substancialmente más severas que las asociadas con la minería ilegal.
Explicó que los mineros ilegales consideran a las mineras legales como competidores, lo que resulta en amenazas y actos de intimidación por parte de estos últimos.
«El problema es que, al ver que no les pasa nada y que pueden actuar sin ningún problema en la ilegalidad, van tomando riesgos mayores como invadir terrenos, atacar a otros y, lo más dramático, eliminar personas para mantener su posición en esas zonas», precisó.
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También expresó que, aunque es necesario que el Estado imponga sanciones, también subrayó la importancia de fomentar una mentalidad de legalidad en la minería ilegal. De este modo, se busca que quienes participan en esta actividad lo hagan dentro de los marcos regulatorios establecidos por el Estado.
Se hizo hincapié en que, en el pasado, esta actividad se consideraba un problema grave para la comunidad, pero actualmente se percibe como una actividad aislada, similar a cualquier actividad económica informal.
«No es que se combata la informalidad de esa actividad, lo que se combate en estas conductas es el peligro que va a generar a las futuras generaciones en lo que es calidad ambiental y salud. Lo que se busca sancionar es el peligro a futuro que pueden dejar los daños ambientales, que pueden ser irreparables», agregó.
