Osiptel confirma las multas por S/ 2,2 millones contra Telefónica

Sanciones contra compañía de telefonía datan de 2019

por | Mar 3, 2020 | Economía

Sanciones contra compañía de telefonía datan de 2019

El Osiptel confirmó cuatro multas por S/ 2,25 millones contra Telefónica del Perú, tras declarar infundados sus tres recursos de apelación por las sanciones mencionadas.

Se trata de cuatro multas por 51, 315, 120 y 51 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) cada una, que suman S/ 2,25 millones con el valor de la UIT de 2019 (S/ 4.200), cuando fue sancionada la empresa.

En el primer caso se trata de una multa por 51 UIT por incumplir las resoluciones de la operadora en 102 casos. Es decir, Telefónica acogió pretensiones de usuarios y luego las incumplió.

La segunda es una sanción de 315 UIT. Osiptel multó a la compañía por prestar el servicio móvil en 133,814 equipos con IMEI declarado como sustraído o perdido.

Las dos últimas tienen que ver con el servicio de atención al cliente de Telefónica. La sanción de 120 UIT obedeció a no alcanzar la meta del indicador de rapidez en atención por voz humana, a través de su canal de atención 104.

La última multa de 51 UIT se debió a que no alcanzó la meta del indicador “Tiempo de Espera para Atención Presencial”.

De otro lado, el pasado 14 de febrero el Osiptel emitió una medida cautelar que ordena a la empresa Telefónica del Perú cancelar el aumento de tarifas de Internet fijo, y también los planes empaquetados que incluyen este servicio y devuelvan el monto del incremento aplicado a los usuario.

La orientadora de la oficina de Osiptel en Junín, Anali Conachuagua, detalló que a nivel nacional son alrededor de un millón de usuarios a los que se les debe devolver el monto pagado en sus recibos mientras que a nivel región sobrepasan las 700 mil líneas.

Canachagua informó que la resolución del Consejo Directivo sobre los aumentos de tarifas aplicados por Telefónica respondería principalmente a un ejercicio excesivo del poder de mercado que ostenta dicha empresa, frente a lo cual debe evaluarse las medidas más para salvaguardar los derechos de los usuarios y asegurar las condiciones de competencia.