Gobierno prorrogó leyes que favorecen esta devolución
El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que extiende la vigencia de las leyes que devuelven el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal a empresas dedicadas a la exploración minera y explotación de hidrocarburos.
Esta medida, según los economistas y especialistas, significará que este complejo de empresas recibirán en calidad de devolución aproximadamente el 88% de lo que pagaron como tributos en el año anterior, de manera que por cada 100 soles que pagaron en el 2017 se les devolvió 88 soles y en el 2018 la suma de 38 soles.
El decreto de Urgencia en referencia lleva el número 021-2019 y ha sido publicado este viernes en el diario oficial El Peruano. La leyes cuya vigencia han sido prorrogadas tienen las números N° 27623 y la Ley N° 27624.
Las nuevas fechas entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, un día después del vencimiento del anterior período.
El cambio facilita a los proyectos mineros con capacidad inicial no menor a 15,000 toneladas métricas por día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor a 20,000 TM/día, a llevar su contabilidad en dólares de Estados Unidos de América.
Se mantienen privilegios
En el Congreso disuelto se tenía en agenda el debate y aprobación de la norma que acaba de promulgar el Ejecutivo, ya que la Ley N° 30899 vence el 31 de diciembre de 2019. Norma que también había sido ampliada a fines del año pasado. Ahora esta nueva prórroga será vigente a partir del 1 de enero de 2020.
El sector minero es uno de los principales beneficiados con las devoluciones de tributos. Un estudio de Oxfam reveló que entre los años 2012 y 2018, las devoluciones tributarias al sector minero sumaron los S/ 25,412 millones. En el 2017 alcanzaron los S/ 17,209 millones y el año pasado se redujo a S/ 16,583 millones, a causa del retroceso en las devoluciones por exportación.
En el 2017, el sector de minería recibió como devolución el 88 % de lo que aportó al fisco. Lo que significa que el Estado peruano devolvió a las mineras más dinero de lo que pagaron en impuestos.