Se anularán las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht brindadas a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, basados en los servidores Drousys y My Web Day B, donde señaló que Keiko Fujimori recibió ilegalmente más de 500 mil dólares de las empresas brasileñas, en el caso Cócteles
Esto a raíz que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que declaró inválidas las pruebas obtenidas de los servidores Drousys y My Web Day B, sistemas donde Odebrecht registraba los supuestos sobornos, en el caso Cócteles, proceso donde se acusa a Keiko Fujimori de lavado de activos, organización criminal y otros delitos.
Cabe señalar que una de las pruebas que incluyó el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 11 personas se sustenta en correos electrónicos y transferencias bancarias que realizó la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Fujimori en el 2011. Las transferencias quedaron registradas en el servidor My Web Day.
Estos fueron los primeros documentos provenientes del servidor My Web Day que envió Odebrecht a través de su representante legal al fiscal Pérez en octubre de 2018.
Según los representantes de Odebrecht, los US$518.134,72 constituyeron una segunda entrega que se le hizo al partido Fuerza 2011. De ahí proviene la frase “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”. Toda esa revelación ya no sirve y fue anulado por ser poco confiable, ilegal y manipulado por haberse roto la cadena de custodia.
Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, coacusado de la lideresa de Fuerza Popular, había solicitado un pronunciamiento a la justicia de Brasil, porque la fuerza de tarea de fiscales de ese país había enviado a su similar de Perú la misma información ya invalidada en el caso de Ollanta Humala.
En declaraciones a Willax, el especialista en Derecho Penal sostuvo que esto comprueba que Yoshiyama fue víctima de una injusticia, al haber pasado quince meses en prisión preventiva, y que ahora todas las acusaciones en su contra se desploman.
“La prueba es inválida. Es más, estamos esperando más información, porque tenemos la convicción de que las órdenes de pago han sido adulteradas por el Ministerio Público”, acotó.
Esto significa que todo lo que Jorge Barata, como exejecutivo de Odebrecht en Perú, dijo y podría declarar, no puede ser tomado en cuenta, ni a favor ni en contra de los 42 imputados por Pérez.
Además, se reveló que al sujetarse la justicia peruana a la brasileña, el 90 % de casos se van a caer. Solo pueden sobrevivir los casos donde recibieron dinero en plena gestión, como Alejandro Toledo, Susana Villarán y PPK.
