La denuncia penal de Pedro Castillo alcanza a la jefa del INPE y al director de seguridad por presunta violación de la intimidad tras la difusión de imágenes captadas durante una requisa en el penal de Barbadillo.
El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, y contra el director de seguridad de la sede central, Henry García Malpartida, por la difusión de fotografías tomadas en el interior del ambiente donde cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.
La acción fue interpuesta ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima por su abogado, Walter Ayala, quien sostiene que la divulgación de las imágenes vulneró derechos fundamentales del exmandatario.
Denuncia penal de Pedro Castillo contra el INPE
Según el documento presentado por la defensa, la denuncia penal de Pedro Castillo se sustenta en la presunta comisión de delitos como violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales.
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La controversia se originó tras la difusión pública de fotografías captadas durante una intervención realizada por personal penitenciario en el penal de máxima seguridad. De acuerdo con la defensa, la exposición de las imágenes no formaría parte de los protocolos internos y habría excedido las competencias institucionales.
Requisa en Barbadillo y difusión de imágenes
Las fotografías fueron obtenidas durante una requisa efectuada en el espacio asignado al exjefe de Estado. Este tipo de operativos forma parte de las acciones de control y seguridad en los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, la posterior circulación de las imágenes generó cuestionamientos sobre los límites entre los procedimientos de fiscalización y la protección de la privacidad de los internos, especialmente en casos de alta visibilidad pública.
Implicancias legales y proceso fiscal
Tras la presentación de la denuncia penal de Pedro Castillo, el Ministerio Público deberá evaluar si admite a trámite el caso e inicia diligencias preliminares para determinar responsabilidades.
La Fiscalía analizará los elementos adjuntados por la defensa y definirá si corresponde abrir investigación formal contra los funcionarios señalados. Este proceso se desarrollará en paralelo a las demás investigaciones que afronta el expresidente.
El entorno del exmandatario sostiene que la difusión de las imágenes forma parte de un escenario de confrontación política posterior a su vacancia. Por su parte, el caso reabre el debate sobre los derechos de las personas privadas de libertad y los alcances de la actuación del INPE en situaciones de interés público.
