Critican solicitud del fiscal Pérez contra partido de Keiko Fujimori
Mediante un comunicado, excongresistas, juristas y constitucionalistas mostraron su rechazo a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, que busca suspender las actividades del partido Fuerza Popular por dos años y medio.
En el pronunciamiento señalan que una medida así “afecta a miles de ciudadanos que han optado libremente por esa alternativa democrática y que tienen el derecho constitucional de participar en la vida política del país”.
“Los requerimientos fiscales y las decisiones judiciales deben estar siempre alejadas de cualquier posibilidad de interferir en las decisiones políticas que frente a un proceso electoral solo competen al pueblo, que no tiene porque [sic] aceptar una intromisión anti democrática, abusiva e inconstitucional”, precisaron.
El comunicado, titulado “En defensa de los derechos políticos”, está firmado por los excongresistas Natale Amprimo, Lourdes Flores Nano, Marisol Espinoza, Luis Gonzales Posada, Carlos Bruce, Fabiola Morales, Aurelio Pastor, José Barba Caballero, Juan Sheput, Carlos Tubino, entre otros.
Asimismo, por los constitucionalistas Víctor García Toma, Ernesto Álvarez y Aníbal Quiroga, además de Allan Wagner, ex presidente de la Asociación Civil Transparencia; y ex ministros como Rosario Fernández, Alfredo Ferrero y Rafael Rey.
“Me llena de esperanza ver cómo personalidades, autoridades y políticos de posiciones y pensamientos distintos no han dudado en levantar su voz en favor de la democracia”, dijo en Twitter la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
De acuerdo al documento fiscal del 17 de julio, Pérez advierte a Zúñiga una serie de proyectos de ley y dictámenes que impulsó el partido naranja entre los años 2017 y 2018.
Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.
