La ministra de Justicia recordó que se trata de una elección «atípica» que, al realizarse en medio de la pandemia por la COVID-19, necesita medidas que eviten contagios de esta enfermedad.
La ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció la publicación de la Ley 31038, la cual regula las reglas electorales para la elección del próximo año. La ministra explicó a que esto permitirá tener «claridad» sobre los comicios previstos para abril en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En diálogo con Enfoque de los Sábados, Neyra destacó el trabajo del Congreso, a través de la Comisión de Constitución, con la aprobación de las reglas «que nos van a regir el próximo año». La ministra recordó que se trata de una elección «atípica» que, al realizarse en medio de la pandemia por la COVID-19, necesita medidas que eviten contagios de esta enfermedad.
Con la finalidad de evitar la concentración de personas durante la jornada electoral, la ministra anunció que lo primero que se ha hecho es ampliar los horarios de votación, de 7 de la mañana a 7 de la noche, además de la posibilidad de que haya más locales de votación y la eliminación de multas para personas mayores de 75, con sobrepeso o alguna comorbilidad que no deseen acudir a votar para no exponer su salud.
De otro lado, señaló que también era importante tener claridad sobre las reglas para elegir a los candidatos y para inscribir nuevas organizaciones políticas, aspectos que están definidos en la norma publicada. Al respecto, recordó que, luego de que se suspendieran las elecciones primarias, se ha aprobado la realización de una elección cerrada que podrá utilizar mecanismos electrónicos con la participación de delegados elegidos por el partido.
En otro momento, la ministra coincidió con el Congreso en que también se debe abordar otros aspectos de la reforma política, como la restricción para que personas condenadas por corrupción puedan postular a cargos públicos y el financiamiento de los partidos políticos. Sobre este último tema, dijo estar a la espera de que se permita al Ejecutivo enviar sus aportes al dictamen que la Comisión de Constitución tiene previsto publicar el 1 de setiembre.