Este mes se cumplen 57 años de desastrosa medida aplicada por régimen izquierdista de Velasco Alvarado
Por: Valeria Ponce
Francisco Tudela van Breugel-Douglas, abogado, catedrático y exministro de Relaciones Exteriores del Perú, analiza en esta entrevista el impacto de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, sus consecuencias sociales y económicas, la deuda pendiente con los expropiados y los obstáculos que aún impiden el ingreso del país a la OCDE.
– ¿Cuál es el daño que causó la reforma agraria de Velasco Al varado al Perú y por qué fue tan radical?
El objetivo era eliminar los latifundios, las grandes haciendas, y los minifundios, las chacras pequeñas, para estructurar cooperativas administradas por los campesinos. Sin embargo, la tierra no pertenecía, según la ley de reforma agraria, a los propios campesinos, ellos no eran propietarios. Eso, naturalmente, creó una serie de problemas sociales en las comunidades campesinas tradicionales. La teoría era que, al ser los campesinos los administradores y beneficiarios de la reforma agraria, se convertirían en consumidores con poder adquisitivo, y que eso lanzaría la industria peruana. Nada de eso ocurrió.
Para el año 2000, el 92% de la tierra del Perú eran minifundios o microfundios, porque al fracasar la reforma agraria, al final de los años 70, gran parte del campesinado migró a las ciudades, sobre todo a Lima y Arequipa, y se generó el fenómeno de la informalidad. La informalidad es un efecto directo del fracaso de la reforma agraria, porque perjudica todo lo que podríamos llamar el circuito económico. Primero se van los hacendados, se instalan las cooperativas, pero luego, al ser muy políticas, los profesionales de provincias que prestaban servicios a las haciendas también migran, notarios, abogados, ingenieros agrícolas, muchos de ellos fuera del Perú, comerciantes de fertilizantes. Finalmente, el tercio superior del campesinado migra a las ciudades y genera la informalidad. El fracaso fue sistemático, cooperativas muy politizadas que no modernizaron el agro, sino que se quedaron con la propiedad recibida sin mantenerla ni mejorarla.
– ¿La reforma agraria de Velasco fue el inicio del problema o es una pieza dentro de un proceso más largo en la historia del Perú?
En realidad, el proceso empezó antes, en noviembre de 1962, con la dictadura militar del general Ricardo Pérez Godoy, quien dio la primera ley de reforma agraria, orientada a expropiar tierras no cultivadas, y organizó la Confederación Campesina del Perú, bajo el liderazgo de Hugo Blanco. Luego, en 1964, Fernando Belaunde profundizó la reforma agraria, aunque sin incluir las haciendas de la Costa, con la ley 15037. Finalmente, Velasco dio la tercera ley de reforma agraria el 24 de julio de 1969. Todo este proceso destruye el agro peruano, nadie quiere invertir; es un fracaso absoluto y estrepitoso que fuerza a la población a emigrar.
La reforma agraria de Velasco es omnicomprensiva, expropia en la Costa, en la Sierra y en algunas partes de la ceja de Selva, como es el caso de Bagua. Es una catástrofe. Se emiten bonos; los expropiados los reciben, y ese es un problema que todavía aqueja al Perú e impide su ingreso a la OCDE, porque una de las reglas es que los estados miembros no pueden tener deudas impagas con sus propios ciudadanos. Se afectó a 20,000 familias, no familias nucleares, sino familias en las que a veces los socios eran parientes, con 20 o 30 miembros, es decir, se le quitó la propiedad a más de medio millón de personas y se transfirió a campesinos que no tuvieron la capacidad de hacer desarrollo agrario. Siempre mantenidos por el Estado a través del Banco Agrario, se perdieron millones en la reforma agraria.
– ¿Velasco acercó al Perú al modelo soviético? ¿Qué costo tuvo ese giro en términos de inversión y relaciones exteriores?
El general Velasco empieza su gobierno nacionalizando la banca con capital extranjero, el Banco Continental, el Banco Internacional, entre otros. Luego viene la ley de reforma agraria, se expropia toda la pesquería, las embarcaciones pesqueras, la industria pesquera, los astilleros, y toda la gran minería. El Perú termina siendo un Estado donde el 60% de la economía es manejada por el gobierno. Evidentemente se acerca mucho a la Unión Soviética, a Yugoslavia y a Cuba, un gobierno auténticamente socialista.
Eusebio Díaz Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown, señaló que la reforma agraria peruana fue la más radical de América Latina después de la de Cuba, y arruinó el agro. La realidad es que, por ejemplo, en el caso de las grandes haciendas azucareras de la Costa, todas han terminado siendo vendidas a empresas privadas, algunas extranjeras y otras peruanas.
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– ¿Por qué, después de tantos años, el agro peruano sigue padeciendo las consecuencias de esa reforma?
La mayor parte del desarrollo agroindustrial actual es tierra ganada al desierto, con los modernos sistemas de irrigación por goteo que los israelíes desarrollaron desde la década del 50 en adelante. Es tierra que no fue objeto de la reforma agraria. La tierra que sí fue expropiada todavía tiene graves problemas de titulación.
El Congreso aprobó en 1994 la ley de tierras que corregía eso, pero son tales los intereses políticos de la extrema izquierda que se mueven detrás de la agricultura que la ley nunca fue reglamentada. Además, al colapsar las cooperativas, los campesinos parcelaron las haciendas, y como ya han pasado por lo menos tres generaciones, esas parcelas fueron subdividiéndose entre sus hijos. El mundo andino está lleno de minifundios y comunidades campesinas tradicionales. Las comunidades campesinas fueron fundadas en el siglo XVI por los españoles, modelándolas sobre las comunidades campesinas y ganaderas de Castilla, así lo señala José María Arguedas en uno de sus ensayos.
Hay que recordar también que la reforma fue absurdamente profundizada bajo el general Morales Bermúdez en 1975, cuando se redujo lo que los hacendados podían conservar a 50 hectáreas. En pocas palabras, se pulverizó la propiedad en el agro. Ciertos cultivos requieren grandes extensiones de terreno, no se puede cultivar algodón o azúcar en 1, 2 o 3 hectáreas. Por eso las haciendas de la Costa eran extensas e industrializadas. La reforma agraria es, probablemente, una de las razones fundamentales de la informalidad, del colapso socioeconómico del Perú en la década del 80 y del surgimiento de Sendero Luminoso, que emergió a la luz del fracaso de la reforma agraria y la pobreza que generó en la Sierra.
– ¿Cuál es el principal vacío jurídico que dejó la reforma agraria y qué institución debe resolverlo?
El problema central es la plena titulación, poder comprar y vender con un título de propiedad absoluto, ir al notario a hacer la compraventa y, con esa escritura pública, acceder a un préstamo bancario para desarrollar la tierra. En este momento, en buena parte de la tierra que fue expropiada, eso no puede hacerse. El circuito económico está trabado. En primer lugar, hay que tomar la decisión de pagar la deuda agraria y cerrar ese camino, pagar los bonos pendientes. Quien debe hacer eso es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del presupuesto de la República. En segundo lugar, hace falta una ley de tierras, como la que se dio en 1994, que permita que la tierra ingrese de manera normal al circuito económico y legal, como cualquier propiedad urbana, y que pueda ser objeto de compraventas notariales que a su vez sirvan para conseguir crédito.
– ¿Es posible pagar hoy esa deuda agraria pendiente? ¿Cómo?
Existe una disposición del Tribunal Constitucional que ordena pagarla, pero el problema es que la técnica de evaluación de los bonos aplicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, pues hay que actualizar los valores, no satisface a los propietarios. El Estado ha tratado de pagar menos del valor actualizado de los bonos, y eso ha hecho que fracase cualquier intento de pago de la deuda agraria. Tiene que pagarse a valor real, como cualquier expropiación, lo que la Constitución denomina el justo precio. Se puede hacer de diversas formas, rescatando los bonos existentes y emitiendo nuevos, pagando los cupones correspondientes. Hay muchos mecanismos para saldar la deuda agraria con quienes conservan sus bonos.
– ¿El legado ideológico de Velasco, que propugna «la tierra para el que la trabaja», el antiimperialismo y el estatismo, sobrevive en la política peruana actual?
Sobrevive, por ejemplo, en Roberto Sánchez. Su discurso y su primer programa de gobierno son idénticos al Plan Inca y al programa velaquista. Incluso planteó nacionalizar empresas como Telefónica para regresar al estatismo de Velasco, un modelo tomado de la Unión Soviética, de Cuba.
Hay que recordar que inicialmente la reforma agraria fue un proyecto de la administración Kennedy para toda América Latina. La teoría la construyó el profesor Walt Whitman Rostow, asesor de Kennedy para América Latina, quien creyó que lo que en Europa había tomado siglos podía hacerse en 20 o 30 años, industrializar los países fabricando consumidores a través de la reforma agraria. Pero nunca imaginaron una reforma en la que los campesinos no fueran propietarios. Ahí está la diferencia fundamental, la reforma agraria de Velasco le niega la propiedad de la tierra a los campesinos. Solo les da la administración, la posesión, pero no la propiedad. Ese es el problema mayor, por eso no hay titulación, y al fracasar se convierte en un mosaico pulverizado en mil pedazos. Todo lo que se quería evitar, el minifundio, se produce.
