Solo por el cierre de las bambas y cuajone, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Solo por un día de paralización de los yacimientos mineros de Las Bambas y Cuajones, que se registró durante la semana pasada, debido a conflictos con las comunidades, el Estado ha dejado de recibir US$ 7 millones en impuestos, según opinión del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
La situación no solo afecta a la inversión privada, sino también a todas las comunidades en el entorno minero, pues el 50% de los impuestos pagados del canon minero se transfiere los gobiernos regionales y locales.
El IIMP sostiene que gracias al desarrollo de la minería, la tasa de pobreza en el distrito de Torata (donde se desarrolla Cuajone) está por debajo del 9%, mientras que en Chalhuahuacho (distrito donde se desarrolla Las Bambas) la pobreza bajó de niveles que bordeaban el 80% a menos de 40% en sólo cinco años.
Por el momento el bloqueo que sostenían las comunidades Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala contra la mina Cuajone han sido levantadas, pero Southern Perú aún no ha retomado totalmente las operaciones de la minera.
Mientras que en el caso de Las Bambas, el conflicto aún continúa y no se ha logrado un acuerdo con las comunidades de Fuerabamba.
Lo que debe hacerse
El IIMP señala que a pesar del aporte que la mina hace al Gobierno con el pago de impuestos, el Estado carece de planes territoriales que prioricen el cierre de brechas sociales y la ejecución inapropiada de los fondos públicos disponibles, lo que han generado un alto nivel de insatisfacción en la población.
Ante esto, el gremio exhorta al Gobierno a liderar espacios de diálogo con las comunidades para poder reanudar las funciones en las minas estableciendo una visión compartida del desarrollo económico sostenible.
