Diversos gremios y la sociedad civil convocan a movilizaciones en respuesta a la inseguridad y la corrupción en el país
Con la llegada de la cumbre APEC 2024, el Perú enfrenta una jornada de paralizaciones en distintos puntos del país. Gremios de transporte, comercio y educación, junto con organizaciones civiles, han anunciado una serie de protestas para expresar su rechazo ante la inseguridad, la corrupción y la falta de respuestas efectivas del gobierno. En ciudades como Lima, Cusco, Arequipa y Juliaca, los manifestantes tomarán las calles entre el 12 y el 15 de noviembre, buscando presionar a las autoridades para que adopten medidas contundentes en favor de la seguridad ciudadana y la justicia social.
La agenda de protestas y sus demandas
Uno de los gremios con mayor protagonismo es la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que se movilizará en diversas regiones, incluyendo la emblemática plaza Dos de Mayo en Lima. Este gremio apoya también el paro de los transportistas, quienes exigen una reforma urgente de las leyes de seguridad y un rechazo a normativas que, según ellos, favorecen el incremento de delitos.
En la capital, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y otros colectivos afines se unirán en un esfuerzo conjunto que busca detener la aplicación de la Ley N.º 32108, considerada por estos grupos como promotora de “terrorismo urbano”. La demanda común gira en torno a la seguridad ciudadana, un tema que afecta no solo a los transportistas, sino también a comerciantes, quienes ven amenazados sus negocios debido a extorsiones y amenazas constantes.
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Movilización en regiones
En regiones como Piura, Chiclayo y Cusco, la situación se torna aún más crítica. La Alianza Nacional de Transportistas y la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco liderarán las manifestaciones en sus respectivas zonas, argumentando que las condiciones de seguridad son alarmantes. Las protestas en Cusco incluyen a obreros, agricultores y comerciantes, quienes reclaman mayor presencia policial y políticas efectivas contra la delincuencia.
Mientras tanto, en Juliaca, región de Puno, familiares de las víctimas de las protestas de 2023 se sumarán a las paralizaciones en demanda de cambios políticos profundos. Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la creación de una nueva constitución que, afirman, represente mejor los intereses de los sectores populares y originarios.
¿Qué sigue para el gobierno?
Este paro nacional plantea un nuevo reto para la administración de Dina Boluarte. La confluencia de gremios y sectores sociales ha intensificado el llamado a cambios en el sistema de seguridad y justicia, al tiempo que pone a prueba la capacidad del gobierno para dialogar y proponer soluciones efectivas.
