Por documental sobre Hugo Blanco
El congresista Rubén Pantoja, de Unión por el Perú, solicitó al presidente de la Comisión de Cultura, Alcides Rayme, que se cite en el más breve plazo al ministro de Cultura, Alejandro Neyra, por los cuestionamientos generados por el financiamiento de ese sector a la promoción del documental Hugo Blanco, Río Profundo.
A través de un oficio, Pantoja solicita a Rayme, quien es parlamentario de Frepap, que la convocatoria del integrante del Gabinete Ministerial tiene como principal argumento la explicación de los criterios técnicos para destinar 119.322 soles para la distribución de la mencionada cinta.
En ese mismo documento, el referido legislador cuestiona el auspicio en una producción dedicada a un personaje que fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un efectivo policial, en 1962.
“Hugo Blanco es un delincuente. No podemos hacer política matando a seres humanos. El Ministerio de Cultura debe responder por estos hechos repudiables«, sostuvo Pantoja.
Asimismo, el parlamentario de Unión por el Perú consideró que el dinero destinado para la distribución del largometraje, obtenido tras ganar un concurso del Ministerio de Cultura, en 2019, pudo ser utilizado para mejores fines, como la atención de la población que vive en pobreza extrema desde hace muchos años.
“Cabe indicar que en estos concursos nacionales se debe premiar a aquellos largometrajes que coadyuven a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme y consolide nuestra identidad nacional”, escribió Pantoja.
En los últimos días, diferentes agrupaciones de efectivos y agentes en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se expresaron en contra del documental, y más aún del dinero entregado por el Ministerio de Cultura, cartera que también es cuestionada por los nueve contratos que suscribió con el cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, entre julio del 2018 y abril de este año, por un total de 175.400 soles.
Sobre este último caso, el Pleno del Parlamento otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización, presidida por el excontralor Edgar Alarcón, congresista de Unión por el Perú, para que investigue los referidos acuerdos por un plazo de 45 días calendario.
