Una congresista está siendo investigada por presuntamente reducir el salario de los trabajadores
El Poder Judicial ha fijado para el martes 30 de abril, a las 11:00 horas, la celebración de la audiencia correspondiente al requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, quien representa al partido político Alianza para el Progreso (APP).
El juez Saúl Peña Farfán, quien ejerce funciones como juez en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ha llevado a cabo la determinación de fijar una fecha específica para la realización de la sesión de audiencia. Este evento, de naturaleza privada, se llevará a cabo de manera virtual, en consonancia con los procedimientos actuales. Asimismo, se ha procedido a notificar a todas las partes involucradas en el proceso sobre esta próxima etapa del procedimiento judicial.
Se está llevando a cabo una investigación sobre la parlamentaria debido a las acusaciones que la señalan por presuntamente haber realizado recortes en los sueldos de sus empleados.
Como parte de sus acciones en la lucha contra la corrupción, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación presentó el miércoles una denuncia constitucional. Esta denuncia se dirige hacia Ruiz Rodríguez, quien ostenta el cargo de congresista, acusándola de presunta autoría en el delito de concusión, en combinación con el delito de colusión agravada, todo ello en perjuicio del Estado.
En lo que respecta al delito de concusión, se detallan los acontecimientos relacionados con la contratación de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano como empleados de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia durante la crisis sanitaria en el Congreso de la República. Estos individuos, según las acusaciones, habrían sido contratados bajo circunstancias que sugieren prácticas indebidas, lo que pone de manifiesto la importancia de investigar a fondo estos casos para garantizar la transparencia y la integridad en las instituciones.
La supuesta perpetración de delitos en asociación con colusión agravada se relaciona con la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia en la oficina parlamentaria.
Según el comunicado del Ministerio Público, el 11 de abril se dieron inicio a diligencias preliminares respecto a la congresista Ruiz Rodríguez, el fiscal Richard David Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez (hermano del fiscal), por su supuesta participación en delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
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