El Poder Judicial, en segunda instancia, dejó sin efecto la destitución del embajador Fortunato Quesada Seminario del servicio diplomático, allanando el camino para su inmediata reposición al servicio activo.
Mediante Resolución 27 de fecha 14 de marzo del 2024, la Novena sala Laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó en segunda instancia, la decisión de primera instancia dada mediante resolución 22 de fecha 20 de setiembre del 2023.
El fallo en segunda instancia ratifica la nulidad de las resoluciones ministerial 0791 de diciembre 2018 (del excanciller Néstor Popolizio) y viceministerial 0373 de octubre 2018 (del exviceministro Hugo de Zela) y dispone retrotraer a fojas cero el caso.
Al haber ganado las dos instancias es cosa juzgada, sentencia firme, lo cual habilita a la Cancillería para proceder con la inmediata reposición al servicio activo del embajador Quesada.
Fortunato Quesada -suspendido primero en 2018 tras la difusión de unos audios en el programa “Panorama”- ha señalado que fue víctima de un complot dirigido por su subalterno, el ministro consejero Pedro Rubín y alentado por la cúpula de la Cancillería.
La sentencia de segunda instancia ratifica claramente que se violentó el debido proceso al no haberse considerado los principios, entre otros, de la presunción de inocencia, del derecho a prueba y de la proporcionalidad.
“La falta de Integridad de la Alta dirección de la Cancillería en el 2018 es un hecho que no debe ni puede repetirse. Basta de blindaje y encubrimiento, así como de inmunidad e impunidad a los responsables del complot contra mi persona plenamente demostrado. La corrupción debe terminar en la Cancillería. Nadie está por encima de la Ley. Fueron estos cuatro funcionarios (Popolizio, de Zela, Boza y Rubín) los que realmente dañaron la imagen y el prestigio de Torre Tagle”, señaló Quesada en un pronunciamiento.
Indicó que las dos principales pruebas irrefutables fueron obtenidas por la oficina de Recursos Humanos de la Cancillería. “La primera de ellas, fueron los 31 folios de octubre de 2020 donde se comprueba la planificación y organización del escándalo mediático hecho por Boza y Rubín. La segunda prueba es el informe 011 de ORH de diciembre de 2020 donde se señala que los cuatro funcionarios diplomáticos antes mencionados habrían cometido diversos ilícitos penales. La Cancillería hizo correctamente el 2020 su trabajo de investigación”, acotó.
Recalcó que no obstante lo anterior, los cinco cancilleres del 2021 al 2023 “no hicieron nada con estas pruebas irrefutables cayendo en un silencio cómplice amén de socavar la justicia institucional, así como desacatar los principios y valores de nuestra institución. Cabe precisar que, a estos cinco cancilleres, tres de ellos, diplomáticos de carrera, se les envió sendas comunicaciones sobre mi caso sin tener ninguna respuesta positiva, aun cuando el complot estaba ya demostrado”.
Por ello, agradeció a las tres juezas de la Novena Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima “por la decisión adoptada en base a la justicia, la legalidad y la verdad de los hechos”.
“Al mismo tiempo, deseo expresar mi satisfacción por el apoyo recibido a lo largo de estos años por parte de diversos colegas, de los periodistas de investigación, de analistas políticos y lideres de opinión a mi causa que siempre estuvo basada en la verdad de los hechos con pruebas irrefutables”, concluyó.
