Expresidente seguirá en prisión
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada apelación interpuesta por defensa del expresidente Pedro Castillo contra resolución que desestimó tutela de derechos, en investigación por tráfico de influencias.
El recurso del vacado exmandatario alegaba que fue filtrada a los medios de comunicación información que guarda relación con los hechos de la investigación y de la que tenía conocimiento la Fiscalía de la Nación.
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Pedro Castillo viene buscando que se anule su proceso por rebelión en el marco del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre y, de esta manera, anular la orden de 18 meses de prisión preventiva que cumple desde diciembre.
Semanas atrás, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima confirmó sentencia que declaró improcedente demanda de habeas corpus presentada a favor del expresidente Castillo Terrones para que se ordene su libertad.
Según la resolución del expediente difundida por el Poder Judicial, sí es posible la detención de altos funcionarios excepcionalmente en casos de flagrancia o cuasi flagrancia delictiva, «más aún si estos atentan contra el orden jurídico constitucional».
Premier: «No estamos ante una sentencia»
El premier Alberto Otárola cuestionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya concluido que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden «tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú».
Reiteró que el informe en cuestión «no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a ningún funcionario del Estado», a la vez que cuestionó que la CIDH haya concluido que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden «tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú».
En línea con esto último, Otárola lamentó que el ente internacional no haya sido mencionado más a fondo el caso del suboficial José Luis Soncco, quien fue quemado vivo en Puno por violentos protestantes.
Destacó que «no estamos ante una sentencia», porque «solo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
«Estamos ante el reporte de un informe temático que contiene en total 36 recomendaciones y que alcanza a varios organismos del Estado: Ejecutivo, Congreso, Fiscalía, Junta Nacional de Justicia, entre otros», manifestó Otárola.
