Expresidente se enfrenta a la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de arresto domiciliario
El martes 30 de enero, a las 9 de la mañana, el Poder Judicial evaluará la solicitud de detención domiciliaria para Alberto Fujimori en relación con el Caso Pativilca. Esta solicitud surge como respuesta a la posibilidad de liberación del exmandatario y fue presentada por la Fiscalía.
La sesión, originalmente programada para el 29 de enero, fue reprogramada a petición del equipo de defensa de Fujimori, encabezado por el abogado Elio Riera. El cambio de fecha fue concedido por el Juzgado Penal Supra provincial Liquidador Transitorio, dirigido por el magistrado Littman Ramírez Delgado, para evitar interferencias con otra audiencia, según informó El Comercio.
En declaraciones a Octavo Mandamiento, el abogado de Fujimori, Elio Riera, criticó la acción de la Fiscalía de la Nación por considerar modificar la medida de comparecencia de Fujimori a arresto domiciliario, específicamente en el caso Pativilca. Riera argumenta que esta solicitud «carece de fundamento» y defiende la posición legal de su cliente, desafiando la petición de la fiscalía. Este episodio se suma a la extensa lista de acusaciones y procedimientos legales contra el expresidente, reflejando la continua controversia que lo rodea.
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La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha pedido 18 meses de arresto domiciliario para el exmandatario peruano Alberto Fujimori, quien enfrenta acusaciones por la masacre de Pativilca en 1992. Se le imputan delitos de secuestro, tortura y asesinato de seis personas a manos del Grupo Colina.
A pesar de haber sido liberado recientemente mediante una decisión conjunta del Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo, Fujimori aún tiene varios procedimientos judiciales pendientes, específicamente por acciones ocurridas durante su presidencia. En este contexto, el caso Pativilca destaca por su directa implicación en violaciones a los derechos humanos, siendo un episodio crítico de su gobierno. La solicitud de prisión domiciliaria busca garantizar su participación en el próximo proceso legal.
La fiscal Raquel Cárdenas ha solicitado medidas cautelares debido a la preocupación por posibles intentos de evadir la justicia por parte de Alberto Fujimori. El legado del exmandatario sigue siendo objeto de controversia debido a las acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El abogado de Fujimori ha argumentado la delicada salud del exmandatario como razón para no permitir su salida del país, al mismo tiempo que reafirma la intención de su cliente de demostrar su inocencia frente a las acusaciones actuales. Mientras tanto, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) busca garantizar la implementación de medidas apropiadas para asegurar que Fujimori comparezca ante la justicia.
