El Poder Judicial dio un golpe al Congreso, invadiendo sus fueros y resolvió a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al declarar fundada su demanda contra el Congreso, que en junio del año pasado la inhabilitó para desempeñar cualquier función pública durante un período de cinco años. La resolución de la Tercera Sala Constitucional ordenó la reincorporación de la magistrada al cargo de fiscal suprema titular del Ministerio Público.
No obstante, declaró improcedente su solicitud de anular la resolución legislativa que daba inicio a un proceso penal en su contra por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El tribunal resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso” para actuar, según competencias constitucionales, respecto a las acusaciones de infracción constitucional contra Ávalos, “garantizándole” el pleno respeto a sus derechos.
“Estoy de vuelta. Mientras más grande es la tormenta, más fuerte es el resplandor del sol al amanecer”, celebró la magistrada en un mensaje difundido en X, antes Twitter.
A lo largo de los últimos once meses, en varias entrevistas, había declarado que su inhabilitación tuvo un “carácter político” y fue el resultado de un “canje de votos por un pacto criminal a cambio de inmunidad en las investigaciones fiscales”. Además, señaló directamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de encabezar una organización de tráfico de influencias. Cabe señalar que Zoraida Ávalos en todo momento blindó al golpista Pedro Castillo a pesar de los escandalosos casos de corrupción.
En diciembre del año pasado, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, archivó la denuncia que había motivado al Congreso a inhabilitar por cinco años a la fiscal suprema. Checkley determinó que las acciones de Ávalos no configuraban un delito, sin embargo se precisa que la inhabilitación es una sanción política y no penal.
La acusación original alegaba que la magistrada había omitido sus funciones al suspender, hasta el término del mandato gubernamental de Pedro Castillo (2021-2022), las investigaciones sobre presunta corrupción contra el entonces presidente.
