La legisladora Patricia Juárez, de Fuerza Popular, señaló que su despacho está preparando un proyecto de ley para implementar «jueces sin rostro», a fin de que estén a cargo de procesos contra extorsionadores, sicarios y organizaciones criminales.

Dicho anuncio se da luego de que se conociera el caso de la fiscal Margarita Haro, de San Juan de Lurigancho, que denunció haber recibido amenazas y ser víctima de extorsión de manos de una organización criminal conocida como ‘Los Chukys de Juan Pablo II’.

«Nosotros, hace tiempo atrás en el despacho, venimos trabajando un proyecto de ley en donde lo que queremos es establecer medidas excepcionales para el juzgamiento, asegurando la integridad de los jueces y fiscales, y lo que se pretende es utilizar herramientas digitales a efectos de que se pueda impartir justicia, ya sea a nivel de Fiscalía y del Poder Judicial, sin que se identifique a los jueces y fiscales que imparten justicia, conocidos como jueces sin rostro», dijo Juárez a la prensa.

Agregó que su propuesta se aplicaría en casos específicos como sicariato, extorsión y organización criminal.

«He estado en el Ministerio Público y he tenido una reunión con quienes, obviamente, son los que imparten justicia o son quienes tienen la titularidad de las investigaciones y ellos señalan que hay por lo menos 80 fiscales que en este momento se encuentran amenazados y que es imposible que la Policía pueda darles las 24 horas del día, no solamente a ellos, sino a los miembros de su familia», resaltó.

Paralelamente, durante una Mesa de Trabajo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, desarrollada en el Congreso de la República, se mencionó la posibilidad de que regresen los denominados jueces sin rostro. La reunión contó con la presencia de representantes del Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Defensa.

La propuesta fue planteada por la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, quien presidía el encuentro. La parlamentaria consideró necesario evaluar esta medida, dado que varios fiscales y jueces han denunciado ser víctimas de amenazas por parte de organizaciones criminales.

Durante su intervención, Braulio Andrade, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, explicó que la postura institucional frente a esta alternativa es contraria. Según precisó, existe una experiencia negativa en el pasado y, además, la medida vulnera los compromisos asumidos por el Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su turno, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, representó al Ministerio Público y también manifestó su rechazo al retorno de los jueces sin rostro.

“Bueno, respecto a los jueces de rostro ya tenemos una experiencia, ¿no es cierto? Todas las sentencias se cayeron porque hubo un órgano internacional y actualmente continuamos juzgando a personas que fueron sentenciadas como jueces sin rostro. Yo creo que no es la salida de los jueces sin rostro”, declaró.