Fallo judicial ordena que el regulador solo intervenga en materia tarifaria y bajo evaluación previa de Indecopi
El Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y dispuso que OSITRAN se abstenga de supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del megapuerto de Chancay. Sin embargo, esto se aplica salvo en aspectos tarifarios y únicamente si Indecopi determina ausencia de competencia en el mercado.
Poder Judicial acoge amparo de Cosco Shipping Ports
La resolución judicial establece que OSITRAN no cuenta con competencia para ejercer funciones de control operativo sobre el megapuerto de Chancay, infraestructura portuaria de uso público pero de propiedad privada. Según el fallo, la intervención del regulador queda restringida exclusivamente al ámbito tarifario. Además, está condicionada a un pronunciamiento previo de Indecopi sobre la existencia de competencia efectiva. Cabe destacar que la sentencia tiene un importante impacto en la gestión de Chancay.
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Esta decisión judicial modifica el alcance de la supervisión estatal en uno de los proyectos logísticos más relevantes para el comercio exterior del Perú. En definitiva, el proyecto de Chancay adquiere una relevancia aún mayor a nivel nacional.
Debate sobre supervisión estatal del puerto de Chancay
Diversos organismos técnicos han sostenido que, al tratarse de una infraestructura de uso público, el puerto de Chancay debería estar sujeto a fiscalización estatal permanente. La sentencia, sin embargo, contradice esta interpretación y plantea un escenario distinto respecto al control de las operaciones portuarias. Por otro lado, aumenta la discusión jurídica relacionada con Chancay y el rol del Estado.
El fallo ha reactivado el debate sobre el marco regulatorio aplicable a proyectos de inversión extranjera en sectores estratégicos. Por ello, el caso Chancay se convierte en referente.
Posición de OSITRAN tras la decisión judicial
OSITRAN informó que aún no ha sido notificado formalmente de la sentencia, pero reiteró que la normativa vigente le otorga facultades sobre infraestructuras portuarias de uso público. La entidad indicó que evaluará las acciones correspondientes una vez que reciba el fallo oficial. Especialmente analizará lo concerniente a las operaciones portuarias de Chancay.
Implicancias para la inversión y el interés público
El caso del megapuerto de Chancay abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre seguridad jurídica para la inversión privada, la promoción del comercio internacional y la capacidad del Estado para garantizar mecanismos de supervisión en infraestructuras clave. Además, Chancay aparece como un motor estratégico para el desarrollo portuario.
La decisión podría sentar un precedente en la regulación de futuros proyectos portuarios y logísticos en el país. De hecho, este nuevo escenario tiene como protagonista a Chancay.
La resolución judicial sobre el puerto de Chancay marca un nuevo escenario en la relación entre operadores privados y organismos reguladores. Esto ocurre en un contexto donde el control estatal y la competitividad portuaria continúan siendo ejes centrales del debate económico nacional. En consecuencia, Chancay permanece en el centro de este importante debate.
