Por las investigaciones en su contra por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir
La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó el mandato de comparecencia con restricciones contra la exprimera dama Nadine Heredia y, en su lugar, le impuso detención domiciliaria por el caso Gasoducto Sur Peruano.
Heredia Alarcón es investigada por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado, debido a su presunta injerencia en la licitación del proyecto en favor de la empresa brasileña Odebrecht.
Esta medida tendrá una duración de 24 meses y deberá ejecutarse en el inmueble ubicado en la urbanización Chama, distrito de Santiago de Surco, Lima. Previa verificación que realice la PNP, indica la resolución.
La esposa del expresidente Ollanta Humala Tasso, es investigada por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado Peruano, por presuntamente haber intervenido en la licitación del proyecto Gasoducto del Sur Peruano (GSP) a la constructora Odebrecht y la devolución de una carta fianza por el proyecto Kuntur a la misma empresa brasileña por USD$66 millones.
Hace poco, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, también abrió una investigación preliminar contra Humala Tasso, por su presunta participación irregular en la licitación del GSP.
En esta investigación también están comprendidos el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla; y el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.
Al respecto, el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Eleodoro Mayorga Alba y Luis Miguel Castillo Rubio. y les impuso comparecencia con restricciones.
Durante varias sesiones el tribunal escuchó los alegatos del Ministerio Público a través del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, quien sostuvo que existían elementos suficientes dentro de la investigación para dictar la medida de prisión preventiva.
Como se conoce, Humala y Heredia, también son investigados por el delito de lavado de activos, debido a una presunta recepción de US$3 millones de la empresa brasileña para la campaña electoral cuando Humala fue electo presidente por el Partido Nacionalista Peruano (PNP).
