Hermana de fiscal Patricia Benavides se ve inmiscuida en problemas de lavado de activos y poder judicial ordenó levantar secreto bancario, reserva tributaria y bursátil
El Poder Judicial ha emitido una orden significativa en el caso de la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides, quien está siendo investigada por presunta liberación de personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas a cambio de dinero. El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de la jueza Enma Benavides y otras tres personas involucradas en la investigación.
Esta medida, emitida el 7 de marzo, ordena a las entidades bancarias, de valores y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil de las personas mencionadas. La información requerida abarca el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2012 y el 31 de marzo del 2015 e incluye detalles como movimientos de cuentas, cheques, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, entre otros.
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El juez supremo Checkley Soria especifica que, una vez ejecutada esta medida restrictiva de derechos, el fiscal responsable debe informar los resultados ante su despacho para el correspondiente control. Además, se destaca la necesidad de notificar a los afectados, garantizando el cumplimiento de las normativas legales.
Es relevante mencionar que el magistrado declaró infundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil de otras siete personas relacionadas con este caso. Esto resalta la selectividad de la medida y su enfoque específico en las personas bajo investigación, brindando un equilibrio entre la obtención de información necesaria y la protección de derechos individuales.
El levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria es una herramienta crucial en la investigación de casos vinculados a presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos. Esta medida busca arrojar luz sobre posibles actividades financieras que podrían tener relación con los cargos imputados. La transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales son esenciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de esta naturaleza.
