El congresista fue condenado por pertenencia a Sendero Luminoso en agravio del Estado.
Guillermo Bermejo continuará cumpliendo la condena de 15 años de prisión que recibió por el delito de terrorismo, luego de que el Poder Judicial (PJ) declarara improcedente el pedido presentado por su defensa para suspender provisionalmente la ejecución de la sentencia.
La decisión fue emitida el pasado 22 de mayo por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima. Con este recurso, la defensa del parlamentario buscaba evitar que la condena dictada el 24 de octubre de 2025 se ejecutara mientras la Corte Suprema resuelve el recurso presentado para intentar anular la sentencia.
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Según el fallo, los magistrados concluyeron que no se cumplen de manera conjunta los requisitos legales necesarios para conceder la suspensión provisional de la pena. El tribunal también consideró que la gravedad y naturaleza del delito justifican la condena impuesta contra el legislador.
Sendero Luminoso fue la agrupación señalada en la sentencia judicial, que halló responsable a Bermejo por el delito de terrorismo en la modalidad de pertenencia a dicha organización, en agravio del Estado.
Durante el proceso, la defensa legal del congresista argumentó que el delito imputado correspondía a uno de “mera actividad o peligro abstracto”, señalando que la condena sancionaba únicamente una presunta afinidad ideológica y no una participación activa en estructuras armadas o actos violentos.
Asimismo, los abogados resaltaron que Guillermo Bermejo asistió a todas las citaciones fiscales y judiciales, además de contar con arraigo familiar, laboral y político por su condición de parlamentario y militante del movimiento Voces del Pueblo.
Sin embargo, el colegiado sostuvo que esta solicitud no podía convertirse en una nueva instancia para revisar argumentos que ya habían sido debatidos durante el juicio oral.
Tras esta resolución, el congresista deberá permanecer recluido en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde cumpliría condena hasta el año 2040, salvo que exista una decisión distinta por parte de la Corte Suprema en el proceso pendiente.
